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UNODC informa que la expansión clandestina del oro de aluvión ha aumentado un 50 % entre 2014 y 2025, con impactos ambientales devastadores y operativos de la fuerza pública para detener su crecimiento.
La minería ilegal de oro en Colombia está en pleno auge, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC).
Aumento de la minería ilegal en Colombia
Los datos revelan un aumento sostenido en el terreno minado entre 2014 y 2025, donde el área de extracción se ha expandido en un 50 % y las hectáreas afectadas por la actividad ilícita superan las 100 000 en 2024, creciendo un 4,5 % respecto al año anterior. El sector de aluvión -donde el metal recuperado se separa de la arena con mercurio- ha dejado un rastro de contaminación profunda, contaminando ríos, pozos y suelos en regiones como el Bajo Cauca, el Chocó, Antioquia y el departamento de Bolívar.
El informe destaca que, en 2025, 24 704 hectáreas (21 %) de la zona minada poseen permisos ambientales y técnicos, mientras que 4 846 hectáreas (4 %) están en proceso de regularización. A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de la superficie sigue siendo ilícita, con 21 % del total sin la autorización necesaria.
El mayor impacto se observa en los ríos de la región, donde los derrames de mercurio han alterado los lechos y la biodiversidad acuática de manera irreversiblemente dañina, según expertos que colaboran con EL TIEMPO. La volatilidad de los precios internacionales del oro ha incentivado la actividad clandestina, pues las organizaciones que la sostienen generan enormes beneficios, incrementando así la presión sobre la defensa ambiental y la salud pública.
Defensa ambiental y transición regulatoria
Para frenar esta situación, las Fuerzas de Seguridad han intensificado operativos en zonas críticas, como el reciente bombardeo de una excavadora en el bajo Cauca. Se ha contemplado la construcción de sistemas de monitoreo aéreo permanente y programas de reconocimiento de áreas explotadas ilegalmente.
Además, se están promoviendo iniciativas de transición regulatoria, con la creación de corredores de legalidad que permitan a las comunidades y a los pequeños mineros formalizar sus actividades bajo permisos que aseguren la protección del entorno. Si bien el progreso es lento, la expectativa es que estas medidas reduzcan la cobertura ilícita y preserven la integridad de los ecosistemas transversales que conectan el Chocó con el sur de Bolívar.
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