A partir de la suspensión ayer de las normas sobre el traslado forzoso de 6 millones de usuarios a la Nueva EPS, EL NUEVO SIGLO presenta una radiografía de otras regulaciones fallidas con las que el Ejecutivo quiso implementar su caótica reforma
A partir de la suspensión ayer de las normas sobre el traslado forzoso de 6 millones de usuarios a la Nueva EPS , EL NUEVO SIGLO presenta una radiografía de otras regulaciones fallidas con las que el Ejecutivo quiso implementar su caótica reformaEl Consejo de Estado, en cabeza del magistrado Alberto Montaña, es la corporación que más actos administrativos ha suspendido.
Ministro Guillermo Jaramillo insistirá en cambios al sistema de salud. / @consejodeestado - archivo, ENSMientras el clima político en el país se complica en medio del ambiente electoral que por estos días se vive, pues el próximo 31 de mayo se realizan las elecciones para presidencia, continúan las quejas por la falta de medicamentos y los constantes inconvenientes con el sistema de salud que se ha complicado en este gobierno.
Ahora, la justicia estudia uno de los decretos del Gobierno en relación con el sistema de salud y le puso tatequieto a las intenciones del presidente de establecer la Nueva EPS como la principal prestadora de salud a nivel nacional. El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional el Decreto 0182 de 2026, una normativa que buscaba reorganizar el sistema de aseguramiento en el país mediante un modelo de enfoque territorial.
La Sala observó que el modelo adoptado no cumple con el principio de proporcionalidad. El emitido originalmente el 25 de febrero de 2026 proponía un cambio en las reglas de juego para las Entidades Promotoras de Salud y que operaran únicamente en las regiones donde tuvieran una capacidad real y un número mínimo de usuarios, contemplando la asignación de afiliados de forma directa por el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud , basándose en los datos de la Base de Datos Única de Afiliados .
Inicialmente, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1270 de 2023 para superar las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia en materia de salud, tras la crisis del agua en el departamento de La Guajira en 2023, el cual adoptó medidas específicas en materia de salud dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica y el . Buscaba modificar el modelo de atención para reducir la mortalidad infantil y mejorar la cobertura.
Varios de estos actos administrativos fueron declarados como improcedentes porque no cumplían con los fines para los cuales fueron expedidos. Como se sabe, para el año 2024 se presentó una emergencia por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región del Catatumbo en Norte de Santander.
Pero la Corte Constitucional mantiene en revisión el Decreto 062 de 2025 que declara la emergencia económica en la región y que además contempla “la atención sanitaria urgente por la crisis humanitaria, con labores continuas de organizaciones como Médicos Sin Fronteras entre 2025 y 2026 para atender enfermedades prevenibles y salud mental por el conflicto". Por otra parte, también fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado en octubre de 2025 el determinado ‘decretazo de salud’.
Este lo emitió Gobierno luego de advertirse que el proyecto no avanzaba en el tercer debate que adelantaba la Comisión Séptima del Senado.
En el mismo, que buscaba implementar el modelo de salud preventivo y predictivo de la reforma estancada en el Congreso, reorganizaba el sistema de aseguramiento, limitaba la operación geográfica de las EPS y permitía el traslado de usuarios a la Nueva EPS, pero la corporación judicial advirtió que el Gobierno no puede modificar la estructura del sistema.declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025 de emergencia económica nacional, que buscaba enfrentar la crisis financiera del sistema de salud y el reajuste de la UPC tras la no aprobación de la reforma en el Congreso.
En su fallo la Corte determinó que el Gobierno no demostró que la situación fuera sobreviniente o extraordinaria, argumentando que el déficit de salud es una situación estructural previsible. Igualmente, la Corte admitió distintas demandas y tumbó la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Esta fijaba el valor de la Unidad de Pago por Capitación para el año 2025, lo que obligó al Gobierno a socializar con los actores de salud el valor más equitativo de la UPC.l Tribunal administrativo de Antioquia había suspendido provisionalmente el Decreto 0182 de 2026 que ordenaba el traslado de aproximadamente 6 millones de usuarios, de los cuales un poco más de 2 millones iban para la Nueva EPS, pero el Consejo de Estado‘Juicio’ del Eln a agentes del Estado, desafío grave a institucionalidadPróxima semana se destrabará debate de Jurisdicción Agraria en Senado
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