La Corte Suprema pidió investigar la actuación mediante la cual el fiscal extraditado Gustavo Moreno delegó a dos funcionarios para la negociación de Otto Bula con la justicia. SEMANA revela detalles de una inspección que confrontó a los fiscales asignados
Veinte días antes de ser capturado en su despacho, el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, firmó la resolución 479 del 7 de junio de 2017, la misma que definió el futuro del caso Odebrecht.
y guarda los secretos sobre el destino de los ríos de dinero que la firma brasileña hizo correr por el país.
El magistrado de la Sala de Instrucción Marco Antonio Rueda y el fiscal de la oficina ad hoc Napoleón Botanche pidieron infructuosamente a Cerón que les enviara copia de esta información, pero en todos los casos respondía lo mismo. Aseguraba que tras verificar los datos de SPOA sí aparecía el teléfono relacionado, pero ella no lo había recibido ni lo conocía.
Mientras Cerón tuvo competencia, acusó a Bula por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Paralelo a ello adelantaba otra investigación por tráfico de influencias y lavado de activos. Pero luego de la resolución del fiscal Moreno, Betancourt y Hernández siguieron al frente. El 12 de junio de 2017 comenzaron diligencias de declaración con Bula, que se prolongaron hasta el 15 de junio.
En la respuesta que Betancourt le dio al Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal señala que no resulta fácil entender en qué consistieron las irregularidades que motivaron la compulsa. No obstante, precisa que Moreno era el único funcionario que podía proyectar y firmar la referida resolución. Pero aclara que esto no implicó que tuviera contacto frente a las funciones que les fueron asignadas.
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