La Corte Constitucional escuchó a entidades públicas, al gobierno y a los voceros de los firmantes. Esto fue lo que contaron.
Un año y cuatro meses después de que la Corte Constitucional emitiera la sentencia en la que declaró estado de cosas inconstitucional la crítica situación de seguridad que viven los excombatientes de las Farc, la Sala de Seguimiento de esa alta corte citó a una nueva audiencia para conocer el estado de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en 2016.
“Por un lado, este enfoque incluye asegurar el monopolio de la fuerza a cargo del Estado, el control territorial y la seguridad tanto de los espacios en los que habitan los firmantes como de sus asociaciones, liderazgos y proyectos productivos”, señala la Corte.
Según el ministro, para que esa protección se vea materializada, el país cuenta actualmente con 1.333 efectivos de la fuerza pública en 42 pelotones al servicio de la seguridad de los 24 AETCR y un predio reubicado. “La seguridad se presta en cercanía a los AETCR a distancias estratégicas, efectuando dispositivos dinámicos en coordinación con la Policía y la Unidad Nacional de Protección ”.
Las cuentas de Velásquez indican que, desde 2018, se han presentado ocho sucesos de afectación a firmantes en los espacios de reincorporación.
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