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En dos días, el Gobierno De La Espriella revocó la prórroga de la reserva temporal hasta 2029 y la delimitación parcial del páramo.
Las dos decisiones que cambiaron nuevamente las reglas para Santurbán: ¿qué implican las medidas tomadas por el Gobierno en las últimas 48 horas? En dos días, el Gobierno De La Espriella revocó la prórroga de la reserva temporal hasta 2029 y la delimitación parcial del páramo.
El futuro del Páramo de Santurbán volvió a cambiar de rumbo en cuestión de 48 horas. El gobierno De La Espriella revocó dos decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro: primero dejó sin efecto la resolución que había extendido hasta 2029 la vigencia de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal y, posteriormente, revocó la delimitación parcial del páramo expedida en agosto.
Las dos decisiones no significan que Santurbán haya quedado sin protección ambiental ni que desaparezca automáticamente la zona de reserva. Lo que hacen es devolver el proceso a escenarios administrativos anteriores y obligar al Gobierno a retomar una discusión que lleva años sin concluir: cómo delimitar definitivamente el páramo y cómo establecer las reglas para proteger el ecosistema al tiempo que se atienden las condiciones y actividades económicas de las comunidades de Soto Norte.
Es decir, lo que hizo el Gobierno De La Espriella es volver a iniciar los procesos de delimitación del páramo de Santurbán, para establecer, como ha pedido la Corte Constitucional y como se han ha intentado durante años y por varios Gobiernos, que este ecosistema quede delimitado en términos de extensión y de actividades que allí pueden realizarse. La primera decisión quedó contenida en la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026.
Con ella, el Ministerio de Ambiente revocó en su integridad la Resolución 0970 del 4 de agosto, que había actualizado el área geográfica y la cartografía de la reserva temporal, modificado su cronograma y extendido su vigencia hasta 2029. Al quedar sin efecto esa prórroga, volvieron a aplicarse las reglas establecidas en la Resolución 0221 de marzo de 2025, corregida posteriormente mediante la Resolución 0239. Este miércoles 30 de septiembre, el Ministerio dio otro giro.
Mediante la Resolución 1278, revocó directamente la Resolución 0992 del 6 de agosto, que había adoptado una delimitación parcial del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín. La decisión se produjo después de que el Ministerio identificara irregularidades relacionadas con la participación ciudadana, la valoración de las observaciones, los cambios introducidos al proyecto que fue sometido a comentarios y el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la denominada “delimitación progresiva”.
Según la revisión del Ministerio, esta metodología permitió adoptar decisiones sobre partes del territorio mientras las concertaciones con las comunidades todavía estaban pendientes en por lo menos 14 municipios. La cartera concluyó que la Sentencia T-361 exigía un proceso amplio, participativo, eficaz y deliberativo en los 40 municipios involucrados.
Primicia: Ministerio de Ambiente toma nueva decisión sobre Santurbán y revoca delimitación por incumplimientos a la Sentencia T-361 de 2017En términos sencillos, las dos decisiones desmontan dos medidas recientes que habían cambiado las condiciones de protección sobre determinados sectores de Santurbán. Pero el alcance jurídico de la primera decisión es objeto de discusión.
Juan Pablo Sarmiento, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, cuestiona la causal utilizada por el Ministerio para revocar la resolución que prorrogó la reserva. Según su análisis, el Ministerio fundamentó la revocatoria directa en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, al considerar que la Resolución 0970 se había expedido mientras estaba pendiente una recusación y que esto constituía una oposición manifiesta a la ley.
Sarmiento señala que, aunque el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la suspensión de la actuación administrativa desde la presentación de una recusación, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido que para hablar de una “manifiesta oposición” la vulneración debe ser flagrante, evidente y directa. Para el profesor, expedir un acto durante el trámite de una recusación podría constituir un vicio de procedimiento, pero no necesariamente encajaría en esa causal de oposición manifiesta.
Por ello, considera que la Resolución 1277 podría terminar siendo cuestionada judicialmente.. Según explica, al regresar a los términos de la Resolución 0221 de 2025, la decisión del Ministerio podría reducir tanto el área geográfica protegida como el tiempo de protección frente a lo que había establecido la resolución posteriormente revocada.podrían presentarse litigios contra la Resolución 1277 , entre ellos acciones de nulidad por posibles problemas de motivación o de procedimiento, así como acciones populares relacionadas con la protección del medio ambiente sano.
Esto significa que la decisión del Gobierno no necesariamente cierra el capítulo jurídico de Santurbán. Por el contrario, puede abrir una nueva etapa de controversias sobre la legalidad de las decisiones administrativas y sobre el nivel de protección que debe mantenerse durante el proceso. La lectura desde Vetas es diferente.
La alcaldesa Angélica María García celebra que se haya revocado la prórroga y plantea que ahora el Gobierno debe cumplir el auto del 2 de julio del Tribunal Administrativo de Santander, que ordena realizar una reunión en el municipio para definir el proceso de concertación y continuar con la delimitación.
“Lo que celebramos en las comunidades es que este tipo de actos administrativos se deban expedir con la participación del territorio”, señaló García. Para la alcaldesa, el objetivo debe ser combinar la conservación del ecosistema con la participación de las comunidades y evitar que decisiones que afectan al territorio sean adoptadas sin un proceso de concertación suficiente.
García explicó que el municipio tiene cuatro titulares mineros que desarrollan pequeña minería legal y 11 títulos suspendidos, en zonas donde se desarrolla minería informal. Según la alcaldesa, ninguna de esas actividades se encuentra dentro del área del páramo ni del Parque Natural Regional Santurbán. Por eso, sostiene que una delimitación definitiva permitiría dar seguridad jurídica a los titulares mineros y avanzar en procesos de formalización para quienes desarrollan actividades informales.
La alcaldesa también plantea que una eventual transición de la minería hacia otras actividades económicas no puede hacerse de manera inmediata. Según explicó, la vocación minera de Vetas tiene más de 470 años y las condiciones geográficas y climáticas del territorio dificultan una sustitución directa por actividades agrícolas. Su propuesta es avanzar hacia una coexistencia de diferentes actividades económicas en la región, con una transición suficiente para que las comunidades puedan beneficiarse de ella.
Experto en agua explica qué puede pasar con los racionamientos del país ante llegada de El Niño: ‘Hay ciudades que no tomaron medidas a tiempo’ El Comité Santurbán tiene una lectura opuesta sobre la revocatoria de la prórroga. Para esta organización, la decisión significa retirar una de las medidas que contribuían a proteger el páramo.
El Comité ha advertido sobre las actividades mineras que podrían desarrollarse en la zona y señaló que el próximo año Aris Mining presentará su solicitud de licencia ambiental. También estableció el 13 de noviembre como fecha límite para que se lleve a consulta pública la reserva natural destinada a proteger Santurbán y anunció una eventual movilización en Bogotá si esto no ocurre.
Así, mientras las comunidades mineras consideran que la prioridad es terminar la delimitación y garantizar seguridad jurídica, las organizaciones ambientalistas reclaman que no se reduzcan las medidas de protección mientras ese proceso concluye.. El gobierno de Abelardo acaba de tumbar otra de las medidas que protegían a Santurbán. En menos de 2 meses de su mandato ha tumbado 3 resoluciones que protegían el agua de 2.5 millones de colombianos.
Y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán. En la práctica, las dos decisiones dejan al Gobierno ante la necesidad de retomar un proceso que todavía no está terminado. Por un lado, la revocatoria de la Resolución 0970 devuelve la reserva temporal a las condiciones que estaban vigentes antes de su expedición.
Por otro lado, la revocatoria de la Resolución 0992 elimina la delimitación parcial adoptada en agosto y obliga a continuar el proceso de delimitación bajo las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables.que revocar la delimitación parcial no significa levantar la protección ambiental del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín. El proceso deberá continuar garantizando la participación efectiva de las comunidades y la protección integral del ecosistema.
Para las comunidades de Soto Norte, el desafío es que ese nuevo proceso produzca finalmente una delimitación que les permita conocer las reglas que regirán sus territorios y sus actividades económicas. Para las organizaciones ambientales, el reto es que mientras se alcanza esa decisión no se produzca una reducción de las garantías de protección del ecosistema.
Exclusivo: la iniciativa de construcción sostenible que busca crear barrios capaces de enfrentar altas temperaturas; en Colombia hicieron proyecto VISLa devuelven a una nueva etapa en la que deberán definirse simultáneamente los límites del páramo, las medidas de protección ambiental y las reglas que darán seguridad jurídica a las comunidades que habitan y desarrollan actividades económicas en Soto Norte. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.
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