Vía EEColombia2020 |Las mujeres afro violentadas sexualmente exigen justicia fiscal y reparación Debido a prejuicios racistas, este grupo sufrió crímenes sexuales cargados de sevicia durante el conflicto armado. Estas son las propuestas de las mujeres. ➡️
Las mujeres víctimas de violencia sexual siguen reclamando justicia. Le piden a la Jurisdicción Especial para la Paz que avance en investigar lo que les sucedió en el conflicto.Aura* vivió 15 años sin reírse. Nada. Ni una mueca.
A que las cifras no coinciden se suma que, según organizaciones como la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales o la Ruta Pacífica de las Mujeres, hay un subregistro que no se sabe siquiera de cuánto podría ser. Una muestra es que, en 2015, las entidades teníanLos datos que existen confirman la sospecha de las mujeres sobre el racismo que definió la violencia sexual.
Eso a nivel general, pero la violencia sexual en muchos ocasiones la ejercieron con otras torturas. A una de las compañeras de Aura le quemaron la vulva con un mechero. Otra de ellas fue empalada y ahora debe usar toallas higiénicas diariamente porque tiene incontinencia urinaria.Para pueblos étnicos, el conflicto más que una disputa política fue una de codicia
“Además de los impactos físicos y psicológicos, también está el empobrecimiento y el desplazamiento forzado. Muchas mujeres se vieron obligadas a desplazarse producto de la violencia sexual de la que fueron víctimas. Al llegar a las ciudades también han tenido que enfrentar situaciones de racismo y discriminación racial”, afirma Luz Marina Becerra, fundadora de La Comadre.
El conflicto armado fue racista. Así lo afirmó el comisionado de la verdad Leyner Palacios. Pero el racismo de los actores armados, legales o ilegales, no surgió con ellos. Para Luz Marina Becerra el problema parte de la visión estatal sobre los territorios afrocolombianos e indígenas. “Históricamente hemos vivido el racismo, la injusticia, las desigualdades e inequidades.
Es decir, la plata que se recauda, que luego se destina y se invierte en gasto público no tiene en cuenta, de manera particular, los derechos humanos de la población afro. Esto es lo que las organizaciones llaman un enfoque étnico-racial. Además, la política fiscal de los países tampoco tiene, casi nunca, enfoque de género. Las mujeres negras están en el peor de los escenarios.
La nueva reforma tributaria, aprobada en 2022, es un paso para que quienes ganan más, tributen más. El reto está en poner a dialogar esto con la garantía de derechos humanos. Dayana Blanco Acendra, directora de Ilex Acción Jurídica, afirma que Colombia ha sido pionera en legislaciones para garantizar los derechos de los afro, como con la expedición de la Ley 70 de 1993, pero no se destina la plata necesaria para materializarlo.
Esta entidad atiende la reparación a las víctimas de violencias sexuales, tras aceptarlas como víctimas e incluirlas en el Registro Único de Víctimas, y su trabajo se centra en tres puntos: atención humanitaria, indemnización y acompañamiento a la inversión. La primera acción se trata de un giro único de dos salarios mínimos destinados a ayudar a la crisis por la que puede estar pasando la víctima.
Yolanda Perea, de la Ruta Pacífica de las Mujeres, afirma que, teniendo en cuenta que existen nueve millones de víctimas del conflicto que también deben ser reparadas, la indemnización en realidad no tarda tanto. Sin embargo, la forma en la que se hace no ayuda a mejorar la vida de las mujeres. “Uno se encuentra con que cuando le pagan a las mujeres, ella ya debe mucha plata, paga arriendo… entra a pagar todo lo que debe y no a buscar un proyecto para ellas”.
Para hablar de la primera hay que hablar de Denis Mukwege. En 1999 este médico congoleño fundó un pequeño hospital en el que pretendía atender partos de la forma más cuidadosa y humana posible. Quería reducir la mortalidad materna, un problema que, hasta entonces, consideraba uno de los más graves que afrontaban las mujeres del Congo. En Bukavu, la ciudad en la que abrió, esperó a recibir un primer parto.
Además, explica Escobar, “lo estamos mirando como una sanción propia, o sea, que sea construido por firmantes de paz”. Es decir, como una sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz para los excombatientes que este tribunal encuentre culpables. “Sería una reparación colectiva con beneficio individual”, afirma la coordinadora de la Red.
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