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Aunque la adjudicación de 11.950 millones de pesos para reparar estaciones y vagones es un paso necesario, existe preocupación por la falta de estrategia operativa y vigilancia. La empresa registra un patrimonio negativo de más de 122.000 millones, lo que compromete la sostenibilidad del sistema y el riesgo de que la infraestructura vuelva a ser vandalizada.
La recuperación de la infraestructura de Metrolínea es una decisión correcta y una iniciativa largamente esperada, pero la falta de una estrategia operativa y de protección posterior constituye una preocupación legítima que merece atención inmediata y respuestas concretas por parte de las autoridades responsables.
La adjudicación del contrato por $11.950 millones para recuperar estaciones y vagones representa un paso necesario para devolverle dignidad a un sistema que, de promesa de modernidad, pasó a convertirse en símbolo de abandono institucional en Bucaramanga. Es positivo que se destinen recursos para reparar lo que el vandalismo y la desidia han destruido durante años, pues la ciudad merece infraestructura en condiciones adecuadas, y esta inversión apunta en esa que es la dirección correcta, sin desconocer que la sola recuperación física no resuelve el problema de fondo.
Sobre la realidad financiera de Metrolínea pesan hoy varias preguntas. La empresa registra un patrimonio negativo de $122.019 millones al cierre de junio de 2026, con un índice de endeudamiento del 160,73%, cosa que, obviamente, compromete cualquier capacidad operativa sostenible en el mediano plazo y plantea dudas razonables sobre la viabilidad del sistema tal como está concebido actualmente.
De aquí surgen muchas de las inquietudes ciudadanas dado que es claro que el problema central no es solo recuperar los vagones, sino garantizar que no vuelvan a deteriorarse, como ocurrió con estaciones como Provenza, Chorreras, San Mateo, La Isla y Quebradaseca, entre otras, que fueron desmanteladas progresivamente por delincuentes que hurtaron componentes metálicos y otros elementos de valor comercial, lo que hace evidente que sin un esquema de vigilancia permanente y uso regular, la nueva inversión corre el riesgo de repetir la misma historia que ya se vivió con las anteriores.
Preocupa, entonces, la contradicción de ver que se invierten recursos públicos en infraestructura mientras la empresa que debería administrarla, carece de flota propia circulando y enfrenta un proceso de liquidación que avanza lentamente. El sistema opera con buses arrendados que no son de propiedad de Metrolínea, y la circulación de usuarios, por ahora, es casi nula. ¿Cómo se protege lo que se repara cuando no hay operación plena que justifique su cuidado?
La respuesta que la comunidad espera debería contener elementos sobre las partidas específicas para seguridad y vigilancia mientras se restablece un uso constante, pero también los usuarios esperan claridad sobre si el modelo operativo será un esquema mixto con transporte colectivo, como se ha anunciado, o una nueva institucionalidad que asuma el sistema. La historia reciente de Metrolínea demuestra que recuperar infraestructura sin garantizar su uso y protección es una inversión en extremo arriesgada.
La Contraloría ha documentado cómo la falta de mantenimiento y las deficiencias en la gestión de la empresa contribuyeron a su deterioro progresivo, luego repetir ese patrón sería un error imperdonable, especialmente cuando los recursos son escasos y las necesidades abundantes.
La decisión de recuperar los vagones es un reconocimiento de que el abandono no puede permitirse de ninguna manera en lo sucesivo, por lo que esa tarea debe venir acompañada de una estrategia integral que asegure operación, vigilancia y financiación sostenible, porque de lo contrario, estaremos ante una nueva inversión destinada a perderse por la incapacidad actual de Metrolínea para proteger lo que se reconstruye, cuando la ciudad espera que finalmente se le cumpla la expectativa de contar con un sistema de transporte que funcione y se mantenga en el tiempo.
Es necesario que el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana y la Gobernación de Santander actúen de manera coordinada en la elaboración de un plan que incluya vigilancia inmediata, cronogramas de operación y fuentes de financiación suficientes, pues de lo contrario, la nueva infraestructura seguirá el mismo destino de las anteriores, es decir, el deterioro, el robo y el olvido.
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