Militarización de Santa Marta tras retaliación de Los Pachenca: 1.500 uniformados desplegados

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Militarización de Santa Marta tras retaliación de Los Pachenca: 1.500 uniformados desplegados
Los Pachenca, Santa Marta, Abelardo De La Espriella

El gobierno de Abelardo De la Espriella militarizó Santa Marta con 1.500 soldados y policías tras la retaliación de Los Pachenca por la muerte de siete de sus miembros.

La violenta retaliación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca, tras la operación de la fuerza pública en la que murieron siete de sus integrantes, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo al mando, ha sido la primera gran prueba de autoridad para el gobierno de Abelardo De la Espriella. La quema de automotores, los disparos contra establecimientos comerciales, los bloqueos en vías y las amenazas a comerciantes y transportadores no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para sembrar terror, paralizar Santa Marta y sus alrededores, ahuyentar a los turistas y demostrar que la organización criminal podía imponer sus órdenes por encima de la institucionalidad.

Respuesta militar del gobierno

Ante la gravedad de la amenaza, la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de militarizar Santa Marta fue acertada y coherente. La presencia efectiva de la fuerza pública dejó de ser una opción discutible para convertirse en una obligación constitucional. En la zona se desplegaron 1.500 soldados y policías en operaciones terrestres, marítimas y aéreas, incluso con aviones KFir, para garantizar la seguridad que exigía la gente.

Esa robusta presencia estatal debe ser real y sostenida, no puede ser flor de un día. El Estado no puede retroceder cuando los criminales reaccionan y lo desafían abiertamente. Ceder ante sus amenazas equivaldría a premiar el terror y a condenar a la ciudadanía a vivir bajo un poder ilegal.

Control territorial y criminalidad

El amenazante control territorial de Los Pachenca, al mando de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, no se limita a tener hombres armados en las zonas rurales ni a proteger corredores del narcotráfico. Se soporta en su cadena de homicidios, extorsiones, vigilancia social, intimidaciones y castigos contra quienes desconocen sus reglas. Pretenden decidir quién trabaja, quién comercia, quién transita en sus zonas y hasta qué actividades pueden cumplirse.

De esa manera degradan a la ciudadanía, suplantan a las autoridades y someten a poblaciones a vejámenes que lesionan libertades, tranquilidad y dignidad. El temor alteró la vida de los samarios sin necesidad de ocupar físicamente cada calle.

Este no es un grupo criminal de poca monta. Es el heredero del entramado paramilitar construido durante décadas por Hernán Giraldo Serna. Pasaron de proteger cultivos de marihuana en la Sierra Nevada a controlar corredores del narcotráfico, redes de extorsión y otras economías ilegales. Con cerca de 900 integrantes y presencia en unos 14 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, combinan violencia con mecanismos de influencia social.

Desafíos para desmantelar la estructura

Desarticular a Los Pachenca demandará golpear su cadena de mando, poder financiero, estructuras carcelarias y bases de apoyo. Se debe identificar a testaferros, cobradores, informantes, financiadores y colaboradores. Su capacidad de paralizar a Santa Marta no surgió de la noche a la mañana; es el resultado de un fortalecimiento criminal incubado durante años.

Según el alcalde Carlos Pinedo, la permisividad del gobierno Petro habría favorecido este fortalecimiento. Asegura que en el anterior Ejecutivo habría existido una suerte de contubernio entre el Estado y las bandas criminales, mientras la fallida paz total debilitaba la acción institucional y allanaba el camino para que estructuras como esta ampliaran su dominio en el Caribe y a nivel nacional.

Necesidad de protección sostenida

Santa Marta, la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe necesitan protección inmediata. Urge salvaguardar a las comunidades más vulnerables y expuestas, como los pueblos indígenas. También se hace indispensable una ofensiva sostenida, soportada en una política de seguridad efectiva, con inteligencia que impida el automático reemplazo de sus jefes, hasta desmantelar la estructura por completo.

Esta prueba solo estará superada cuando los ciudadanos, y no los fusiles de la organización paramilitar, vuelvan a decidir por ellos; cuando se rompa el infame silencio que lograron imponer. Mientras denunciar y resistirse cueste la vida, el miedo seguirá siendo la principal fortaleza de los criminales. Se requieren garantías reales. El temor no puede seguir administrando la vida cotidiana de los colombianos.

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