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La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena anuló una sentencia que devolvía la administración de una cooperativa a los asociados y ordenó repetir el trámite por vulneración al derecho de defensa.
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena declaró la nulidad del fallo emitido el pasado 26 de agosto por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, en el que se ordenaba al agente especial interventor entregar nuevamente la administración de la cooperativa a los integrantes de su Asamblea General de Delegados. La decisión judicial, adoptada el 29 de septiembre, deja sin efectos esa sentencia y obliga a volver a una etapa anterior del proceso.
Motivos del Tribunal para anular
El Tribunal encontró que se vulneró el derecho de defensa de los asociados. Aunque se les informó sobre la existencia de la acción de tutela, varias comunicaciones fueron enviadas durante la noche del 25 de agosto, apenas horas antes de que se emitiera la sentencia, por lo que no tuvieron de manera efectiva las 48 horas concedidas para pronunciarse y aportar pruebas.
La Sala también identificó otros aspectos que deberán ser revisados durante el nuevo trámite. Entre ellos está el caso de una asociada que manifestó que su nombre habría sido utilizado para promover la tutela sin que hubiera dado autorización para ello.
Nuevo trámite y garantías procesales
Tras conocer la decisión del Tribunal, el Juzgado Séptimo dejó sin efectos su sentencia y ordenó retomar el proceso. Ahora deberá garantizar que los involucrados cuenten con el plazo correspondiente para ejercer su defensa.
La determinación no resuelve de fondo quién debe tener el manejo de la cooperativa. Por ahora, el fallo que ordenaba devolver la administración a los asociados queda sin vigencia.
Rumbo del proceso judicial
Será un nuevo pronunciamiento judicial el que defina el rumbo del proceso. La anulación implica que se deberán surtir de nuevo las etapas para asegurar el respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas.
La cooperativa permanece bajo la administración del agente especial interventor mientras se surte el nuevo trámite ordenado por el Tribunal Superior de Cartagena.
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