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Cuatro relatores de la ONU expresaron su preocupación al gobierno de Abelardo de la Espriella por posibles recortes presupuestales a la JEP y reformas que modificarían sus sentencias.
Cuatro relatores de las Naciones Unidas que siguen el cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia enviaron una carta al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para manifestar su preocupación por los posibles recortes presupuestales a la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) y por los proyectos de reforma constitucional que modificarían su duración y el alcance de sus sentencias. La misiva, conocida el 29 de septiembre, contiene siete requerimientos de información sobre la protección de la justicia transicional.
Preocupación por recortes a la JEP
La carta de 11 páginas está firmada por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grazyna Baranowska, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
Los relatores mencionaron el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que se discute en el Congreso y el traslado de COP 170.000 millones de las finanzas de la JEP al funcionamiento de la Rama Judicial.
Reformas que afectarían sentencias de la JEP
También hicieron referencia a las iniciativas de reforma constitucional radicadas por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y por el partido Centro Democrático. La primera busca reducir a diez años el tiempo de vida de la JEP. La segunda pretende que las sentencias contra exuniformados tengan revisión del Tribunal Superior Militar y Policial.
Los relatores advirtieron que estas medidas podrían afectar la independencia judicial y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de justicia transicional.
Obligaciones del Estado y justicia transicional
En la carta, los relatores resaltaron los esfuerzos del país tras la firma del Acuerdo de Paz hace diez años para implementarlo y poner en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Señalaron que esos esfuerzos reflejan un compromiso con la consolidación de la paz, la garantía de los derechos de las víctimas y el abordaje de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Sin embargo, formularon observaciones y preocupaciones sobre el momento actual de la JEP y su diálogo con el gobierno de De la Espriella. Recordaron que es obligación de cualquier Estado garantizar que las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados sean defendidas y reivindicadas.
Los relatores subrayaron que los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones.
Finalmente, citaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha señalado que el requisito de competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal es un derecho absoluto que no está sujeto a ninguna excepción. La carta fue enviada al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien debe responder a los siete requerimientos de información.
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