Perú arrancó el año con 47 muertos por la represión gubernamental a los movimientos de protesta en el estado de Puno.
Tras las muertes, la fiscalía peruana inició una investigación preliminar contra la recién juramentada presidenta de transición, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, mientras el país andino parece hundido en una espiral de revueltas –sin interlocutores visibles del lado de las protestas– en un ambiente de desconfianza generalizada.
“Hay que declarar estado de sitio y restituir el orden democrático” por la vía militar en Puno, declarado en toque de queda tres días desde el pasado martes 10, para que la gente pueda regresar a trabajar, dice a“No hay con quién dialogar”, insiste el legislador, quien asegura que las protestas son azuzadas por “actores nacionales e internacionales” sin rostro que buscan “dividir” al país andino, de por sí ya fracturado desde hace décadas.
La presidenta “no decide enfrentar con la ley y la Constitución el levantamiento, saqueo y vandalismo que ocurren en el sur. Por eso el marxismo extremista está en sus garbanzales y hace lo anunciado años atrás. La nula previsión –con tanto desgobierno, infiltración y servicios de inteligencia desmantelados– abona a las tentativas comunistas”, escribe Gago.
La idea es “acelerar el proceso de transición y modificar la posición del Congreso” que pide la intervención del ejército, agrega el también antropólogo, quien considera el adelanto de elecciones como una condición sine qua non para iniciar un diálogo nacional. El pasado miércoles 11 la movilización por las calles principales de Ayacucho y de Puno continuaban, sumándose a la exigencia de renuncia al gobierno de Boluarte. En Ayacucho se realizó una vigilia por los fallecidos.“La responsabilidad del gobierno es mantener el orden público respetando los derechos y cuidando la vida. Nada justifica la represión indiscriminada. Los daños materiales se pueden recuperar, pero no las vidas humanas.
“Un muerto más, una vida segada y una familia enlutada por un conflicto social que no tiene más salida que la renuncia” del gobierno de Boluarte, escribió el analista político Ed Villantoy en su cuenta de Twitter.“Hay que insistir en activar los mecanismos de diálogo con los que protestan.
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