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La Personería de Medellín emitió una alerta por el incremento atípico de habitantes de calle, con 15.509 atenciones en 2025 y más del 43% sin caracterización socioeconómica.
La Personería Distrital de Medellín emitió una Alerta Institucional Preventiva ante el incremento atípico de la población en situación de calle, la expansión del fenómeno en diferentes zonas de la ciudad y los vacíos en la atención integral durante 2025. El Ministerio Público advirtió además sobre una brecha presupuestal y problemas de trazabilidad que podrían estar afectando la garantía de derechos de esta población.
Uno de los principales llamados de la Personería tiene que ver con la capacidad del Distrito para conocer y atender la dimensión actual del fenómeno. Mientras el DANE registró 3.214 personas en situación de calle en 2019, durante 2025 el sistema de atención reportó 15.509 atenciones básicas.
Sin embargo, solo 6.292 personas contaban con caracterización socioeconómica, por lo que más del 43% de quienes recibieron atención no tenían un registro detallado.
Cifras divergentes sobre habitantes de calle
La situación se vuelve más compleja por las diferencias entre las cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones sociales y concejales. La Secretaría de Inclusión Social reportó 8.779 personas en situación de calle en 2025, mientras que algunas organizaciones estiman que en 2026 la cifra podría acercarse a las 13.000.
La alerta también pone el foco en las condiciones de salud de esta población. Según el informe de la Personería, el 89,7% de las personas registradas consume sustancias psicoactivas y más del 24% presenta enfermedades psiquiátricas o trastornos de salud mental.
Para el Ministerio Público, estos datos evidencian la necesidad de fortalecer una atención que no se limite al consumo de sustancias, sino que tenga en cuenta las condiciones de salud mental y sociales de cada persona.
Ante el diagnóstico, el personero Mefi Boset Rave Gómez exhortó a las secretarías de Inclusión Social, Salud y Seguridad y Paz a articular acciones urgentes y replantear la atención integral para esta población.
Riesgos por Grupos Delictivos Organizados
La alerta de la Personería incluye otro factor de riesgo: la posible instrumentalización de habitantes de calle por parte de Grupos Delictivos Organizados (GDO). Según el Ministerio Público, estas estructuras estarían utilizando a personas en situación de calle para actividades como el transporte de armas y drogas y labores de vigilancia informal en sectores como La Candelaria, Laureles, El Poblado y Guayabal.
El diagnóstico plantea así un problema que cruza salud pública, consumo de sustancias, salud mental, exclusión social y seguridad, y que requiere respuestas diferenciadas para las distintas condiciones de quienes viven o sobreviven en las calles.
La Administración Distrital ha destinado más de 76.000 millones de pesos a programas, acciones y personal para atender a los habitantes de calle. A pesar de ese despliegue, los datos citados en el informe muestran que la resocialización efectiva ha alcanzado a menos de 400 personas.
Además, está pendiente la actualización de la política pública para habitantes de calle, cuya vigencia correspondía al periodo 2017-2025.
Límites jurídicos y atención integral
El alcalde Federico Gutiérrez ha mencionado que la atención de personas con adicciones y trastornos mentales también enfrenta límites jurídicos. Los procesos de rehabilitación institucional parten de la aceptación voluntaria de la persona, mientras que diferentes actores han planteado la necesidad de contar con herramientas para intervenir casos de consumo severo y afectaciones de salud mental.
Para Fabio Villa, exdirectivo de la Escuela contra la Drogadicción, la respuesta debe partir de un diagnóstico individual que tenga en cuenta el consumo, la salud mental y las condiciones sociales de cada persona, con un tratamiento integral y coordinado.
La alerta de la Personería pone así nuevamente sobre la mesa la pregunta que Medellín aún debe resolver: cómo responder al crecimiento de la población en situación de calle y a la crisis asociada al consumo y la salud mental sin perder de vista la atención integral y la garantía de derechos.
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