El gremio del sector termoeléctrico aseguró que la medida sería ilegal.
Petro dice que su decisión es liquidar Air-e tras casi dos años de intervención y con una millonaria deudaEl presidente Gustavo Petro afirmó que su decisión es liquidar Air-e, empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, para que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña.
El pronunciamiento fue hecho por el mandatario en un mensaje publicado en X, en medio de la intervención de la compañía y de las discusiones sobre su situación financiera y, sobre todo, a puertas de la llegada del fenómeno de El Niño, que amenaza con dejar un apagón para el país.
“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, escribió Petro. El anuncio se conoce tras casi dos años de intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La empresa fue intervenida en septiembre de 2024, luego de que se reportaran dificultades financieras y operativas en la prestación del servicio de energía en los tres departamentos de la región Caribe donde opera.
Air-e ha estado en el centro de la discusión pública por sus obligaciones acumuladas, las dificultades del mercado eléctrico en la Costa Caribe y los requerimientos hechos por organismos de control sobre el plan del Gobierno para la empresa. En mayo, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Superservicios aclarar la hoja de ruta frente a la electrificadora intervenida.
En el marco de esa millonaria deuda, el gremio del sector termoeléctrico dijo a Portafolio que esta medida que intenta tomar el Gobierno Nacional, sería ilegal.
"Es ilegal, porque como Estado en cabeza de una empresa está debiendo unos recursos muy grandes, tanto al sector eléctrico como a otros acreedores. Ninguna empresa del Estado la puede liquidar debiéndole plata a la gente, o sin llegar a algún acuerdo. Sino sería como no pagar", explicó Alejandro Castañeda, presidente de laSobre la deuda, el gremio ya había alertado que podría alcanzar lo 3 billones de pesos, al cierre del 2026.
La Procuraduría solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos ampliar la información sobre las alternativas planteadas para la recuperación económica de Air-e. El Ministerio Público pidió precisar si existe un plan estructurado para la empresa, así como entregar los soportes técnicos y financieros de las decisiones adoptadas durante la intervención. El organismo de control también solicitó información sobre las medidas orientadas a garantizar la continuidad del servicio, la estabilidad administrativa y la atención de las obligaciones de la compañía.
En sus requerimientos, la Procuraduría pidió detalles sobre los avances operacionales y financieros del proceso de intervención. Dentro de las solicitudes también se incluyó la entrega de estados financieros auditados, la relación de contratos superiores a $500 millones y un plan de acción para atender las obligaciones acumuladas con el mercado. Estos requerimientos se dieron en el marco del seguimiento a una empresa que presta un servicio público esencial en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El seguimiento de la Procuraduría también abordó los cambios de agentes especiales durante la intervención y la necesidad de asegurar trazabilidad en las decisiones tomadas por la administración temporal de la empresa. El organismo pidió explicaciones sobre cómo se ha garantizado la continuidad administrativa durante ese proceso. La situación financiera de Air-e ha sido uno de los puntos centrales alrededor de su intervención.
La empresa acumula obligaciones con el mercado eléctrico, lo que ha generado llamados de atención sobre la necesidad de definir una salida para su operación y para la prestación del servicio en la Costa Caribe. En ese contexto, el mensaje de Petro marca una nueva posición del Gobierno frente al futuro de la empresa. El mandatario planteó la liquidación de Air-e y la posibilidad de que sus activos pasen a configurar una empresa común con otra empresa pública caribeña.
El Presidente no entregó en su publicación detalles sobre el mecanismo jurídico, administrativo o financiero mediante el cual se adelantaría esa liquidación. Tampoco precisó cuál sería la empresa pública caribeña con la que se articularían los activos de Air-e. Javier Acosta
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