El presidente De la Espriella anunció la primera fase del Plan de Choque en Salud para más de un millón de usuarios con órdenes pendientes de medicamentos y procedimientos.
El 21 de septiembre, el presidente De la Espriella anunció la primera fase del Plan de Choque en Salud, que priorizará a más de un millón de usuarios con órdenes pendientes de medicamentos y de procedimientos. La medida busca destrabar la crisis de pacientes represados en el sistema de salud colombiano.
Reclamos ante la Superintendencia
Entre enero y julio de 2026, durante el Gobierno Petro, se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a cerca de 5.772 reclamaciones diarias. El 92 % de estas reclamaciones estaban relacionadas con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
El presidente describió la estrategia de compra de cartera dirigida para destrabar la crisis de los pacientes reclamantes de los servicios. Enfatizó que no es un cheque en blanco para las EPS, que no reemplaza las obligaciones de las EPS y que no se pagará dos veces a las EPS lo que ya fue cancelado previamente por la ADRES.
Asignación de pagos y seguimiento
La asignación del pago directo se definirá en una mesa técnica del Ministerio, de la Superintendencia Nacional de Salud y de la ADRES. Esto significa que las EPS involucradas reconocen la deuda en que han incurrido y han conciliado el valor de la misma.
En la alocución del 27 de septiembre, el presidente De la Espriella ratificó que el proceso del Plan de Choque está en curso para los 1.069.196 pacientes represados que figuran en la base de datos del sistema. Recalcó que requiere de la ministra Vesga el reporte semanal, paciente por paciente, por los territorios cubiertos, por la entrega detallada de los medicamentos y por las órdenes pertinentes de los procedimientos cubiertos en el Plan de Choque.
El procedimiento requiere que el Ministerio o la Superintendencia Nacional de Salud identifique cada paciente que ha reclamado por la negación de servicios; a qué EPS está vinculado; qué medicamento o qué procedimiento le ha sido negado. Como el sistema no admite pagos anticipados o fondos para eventuales reclamaciones de los afiliados, debe existir una orden médica autorizada para cada medicamento o procedimiento.
Compra de cartera y advertencias
La ADRES gira sobre la factura presentada por la EPS y la autorización para la institución prestadora. Con esa aclaración se entendería la compra de cartera, sin intereses y con un año de período de gracia para las EPS, pero su vigilancia tiene que ser estricta para que no se cobre nuevamente lo que ya fue facturado por la ADRES.
El Estado invierte recursos públicos y asume el costo financiero, pero finalmente la deuda está en cabeza de las EPS involucradas en la negación de los servicios reclamados por los usuarios. Es el seguimiento que el presidente le exige al Ministerio de Salud, y que el pago, en el caso de medicamentos, se realice sobre la comprobación real de cada medicamento entregado.
El giro directo es un mecanismo que de tiempo atrás ha solicitado la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas para superar la eventual demora burocrática de las EPS, pero requiere una vigilancia técnica para que no se priorice a las IPS de la integración vertical y se garantice la liquidez del corriente de las IPS.
La alusión a los actos de corrupción por parte de funcionarios del Estado que favorecieron el desfalco al patrimonio de los colombianos anuncia que no serán tolerados en su gobierno. Calificó al gobierno anterior de ese desastre y mencionó a quien fuera el presidente del Senado por recibir cuantiosos recursos de entidades estatales para aprobar los proyectos de reformas propuestas, en el entramado de corrupción conocido de la UNGRD y de Invías. El Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura.
A dichos funcionarios les advirtió que lesionaron la honra de sus familias, que deben responder ante las autoridades por sus conductas y que se acojan al principio de oportunidad, denunciando a los cómplices de tales delitos. Es en este último contexto que se enmarca el diagnóstico previo del presidente De la Espriella, que el sistema de salud colombiano ha estado afectado por abusos y cooptación de los recursos públicos de la salud por diferentes actores, desde que se instauró en 1993.
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