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El borrador de un decreto gubernamental de 24 artículos que busca modificar las reglas para la atención de la protesta social ha generado fuertes reacciones políticas. La oposición critica el proyecto por considerar que busca criminalizar la manifestación y permitir la intervención policial sin que el diálogo sea un requisito previo, mientras que el Centro Democrático lo defiende argumentando que protege la protesta pacífica y distingue claramente el uso de la violencia.
El borrador de decreto del Gobierno Nacional que busca cambiar las reglas para la atención de la protesta social, ha generado una tormenta política desde el Congreso.
El documento, de 24 artículos, plantea entre los puntos más polémicos está el artículo 2, sobre la intervención de la Policía en hechos violentos y señala que el diálogo no es necesariamente un requisito para no intervenir. El senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez, cuestionó el contenido del proyecto de decreto: “Este parece un decreto que lo que pretende es perseguir y criminalizar la protesta social con el falso criterio de que la protesta social, en términos generales, es violenta y debe ser reprimida”.
Y agregó: “El diálogo, como un eufemismo seguirá, pero que puede intervenir violentamente cuando consideren que hay un acto violento. Y ese acto violento, entonces, queda a criterio de la autoridad”, explicó.
Además, advirtió que el proyecto podría ser un retroceso frente al protocolo que ya existe: “Lo que puede pasar aquí es que haya un recrudecimiento de la violación sistemática de derechos humanos a las personas que protestan, y de esa forma, pues, apagar la protesta social y las reclamaciones justas del pueblo colombiano”, dijo. Desde el Centro Democrático, el representante Miguel Ángel Pinto Rueda lo defendió: “Una cosa es el ejercicio de la protesta pacífica, y otra muy diferente es el uso de la violencia”, afirmó.
Pinto sostuvo que el propio borrador protege la protesta pacífica y establece que la obstrucción de una vía, por sí sola, no convierte una manifestación en violenta: “El texto dice expresamente que obstruir una vía no convierte por sí sola la protesta pacífica en una protesta violenta, y disolverla debe ser excepcional”. El representante también defendió que se proteja exclusivamente la protesta pacífica: “La protesta pacífica se debe proteger en todas las formas, pero ojo, pacífica, no la protesta a la que nos están acostumbrando en este país”, señaló.
Reconoció Pinto Rueda que “la Corte Constitucional se ha dicho que el ejecutivo no puede inventarse límites esenciales al derecho a la protesta. Esos límites deben tener, según la misma corte, un respaldo legal, y las regulaciones sustanciales, pues, deben estar sujetas a una ley incluso estatutaria”, explicó. Pero explicó: “Esto no significa que el gobierno no pueda coordinar cómo actúa sus autoridades para proteger a todas las personas y cumplir la ley.
La pregunta es si este borrador se mantiene dentro de ese marco”. Escucha el audio
Protesta Social Decreto Gubernamental Kevin Gómez Centro Democrático Derechos Humanos
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