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El presidente Abelardo De la Espriella volvió a pronunciarse este jueves 1 de octubre sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada que han sido objeto de investigaciones y decisiones administrativas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El presidente Abelardo De la Espriella volvió a pronunciarse este jueves 1 de octubre sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada que han sido objeto de investigaciones y decisiones administrativas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
En un mensaje difundido este jueves, el jefe de Estado advirtió que las compañías del sector no pueden ser utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales y aseguró que impartió instrucciones al nuevo superintendente para intensificar los controles.
“La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen”, manifestó De la Espriella. Según el mandatario, la Supervigilancia avanza en actuaciones contra empresas que han sido investigadas por presuntos vínculos con estructuras como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de posibles irregularidades relacionadas con el control de armas.
En ese contexto, De la Espriella señaló que “Maximus tiene actualmente la licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación que, según indicó, están pendientes de quedar en firme”. Sobre OL Security Group–Servisecurity, afirmó que permanece suspendida y que el proceso de cancelación continúa en trámite.
“Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes. Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, expresó el presidente. Empresas bajo la lupa El pronunciamiento se produce como continuación de un seguimiento que desde hace varios meses se ha realizado a empresas de vigilancia privada señaladas en actuaciones de la Supervigilancia, algunas de ellas con sede en Barranquilla.
Durante el primer semestre de este año, la Superintendencia había anunciado la suspensión de 31 licencias de funcionamiento de empresas de seguridad que eran objeto de investigaciones por presunta infiltración de estructuras criminales. Entre las compañías con presencia en Barranquilla mencionadas en las actuaciones de la entidad se encuentran OL Security Group Ltda. , Atenas Seguridad Privada Ltda. , Blink Seguridad Privada Ltda.
, Seguridad Privada Lost Prevention, Maximus Seguridad Privada Ltda. , Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda. y JM Security Ltda. En su nuevo mensaje, el presidente hizo énfasis en el avance de los procesos administrativos contra varias de estas compañías y aseguró que los controles serán extendidos a diferentes regiones del país.
“Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes. Voy por todos”, manifestó. El caso de Atenas Sin embargo, en el caso de Atenas Seguridad Privada Ltda. existe un antecedente administrativo que deberá ser tenido en cuenta dentro del seguimiento.
En julio pasado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada resolvió favorablemente un recurso de reposición presentado por la compañía contra la decisión que había dispuesto la cancelación de su licencia de funcionamiento. La determinación fue adoptada mediante una resolución fechada el 24 de julio, por el Despacho del Superintendente Delegado para el Control, después de analizar los argumentos presentados por la defensa de la empresa.
En esa decisión, la Supervigilancia reconsideró la sanción y concluyó que, aunque se habían presentado irregularidades que ameritaban una medida administrativa, estas no alcanzaban el nivel necesario para mantener la cancelación de la licencia. De esta manera, la autorización para operar fue restablecida. Ahora, el mensaje del presidente vuelve a mencionar a Atenas entre las compañías sobre las cuales se han adoptado decisiones de cancelación, aunque estas, según sus propias palabras, están pendientes de quedar en firme.
El Gobierno, entretanto, plantea como uno de los puntos centrales de esta nueva etapa de control determinar qué ocurrió con las armas vinculadas a los procesos administrativos y establecer las responsabilidades correspondientes, tanto en el ámbito administrativo como, si hay lugar a ello, ante la justicia.
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