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Insistir en decidir los presidentes de los gremios solo cambia quién tendrá la llave de los favores del Gobierno para los empresarios.
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Una práctica que durante años ha hecho daño al país amenaza con institucionalizarse como prerrogativa del Gobierno. O peor, que se normaliza como una competencia presidencial.
Considere por un momento a los dueños y empleados de las empresas cuyos ingresos dependen en parte de las exportaciones: con la baja del dólar, sus ingresos han caído en 25 %; con el aumento del salario mínimo, la reforma laboral y la reducción de la jornada elevan sus costos en el 28 %; y tampoco pueden competir con los productores de otros países que tienen aranceles más favorables que los nuestros. En esa difícil situación dueños y administradores se enteran de que, por razones desconocidas, el Presidente de la república pide el relevo del presidente del gremio al que pertenecen.
El asunto no sorprende a nadie. Cuatro años antes, el gobierno anterior había hecho la misma petición, dando un plazo para que “la orden se cumpliera”. El gremio cerró filas, y la orden no se cumplió. Ahora hay una diferencia.
El Gobierno hizo saber que si la orden no se cumple, el veto será para quienes apoyen la continuidad del dirigente gremial. El Gobierno no los va a recibir. No parece importar que hayan sido parte de los 13 millones de votantes que lo eligieron presidente y, aunque no lo hubieran sido, son parte de los colombianos que están ejerciendo su derecho a la libre asociación protegido por la Constitución.
Menos cuando los ministros no han terminado de armar sus equipos y la contribución del empresariado será clave en la definición de la agenda de políticas y la financiación del Estado. El riesgo está en que esa orden presidencial puede implicar el regreso a la vieja economía política del amiguismo, que durante décadas funcionó con más excepciones que con reglas. Y gobernar por reglas es distinto a gobernar por excepciones.
Las reglas son públicas, discutidas y acordadas con las mayorías y formalizadas en leyes por los congresistas. Las excepciones no son públicas, se acuerdan en privado, entre partes según el poder de cada uno, sus intereses en juego, su capacidad de negociación. Un presidente que en campaña prometió reconciliar el Gobierno con el empresariado no podrá cumplir si mantiene esa democracia de los accesos que favoreció a tantos durante años. Evidencias quedan.
La estructura tributaria tiene más de 100 exenciones y beneficios para personas y empresas privadas. Unas justificadas, otras no. Colombia es el país con mayor gasto tributario en América Latina. Es decir, el que mayores ingresos deja de percibir por exenciones y beneficios que concede a los privados. La Dian calcula que, para 2024, ese monto superó los 120 billones de pesos.
En este país de malpensados, la gente cree que en los negocios y la política no hay nada gratis. Y que aceptar una presión del Gobierno solo se hace a cambio de un favor. Como el Gobierno reclama haber ganado sin el apoyo de políticos ni empresarios, y ha prometido que no habrá favores, es obvio que quien acate la orden se va a quedar sin autonomía gremial y sin ayudas del gobierno.
Cuando el valor político determinante para las empresas es el acceso al Gobierno y no su representación, los empresarios destinan parte de los recursos que iban para la inversión o la innovación al pago de lobistas y todo aquello que asegure interlocución directa con el Ejecutivo. Aunque tengan claro que, por su carácter colectivo, los gremios logran más reglas que excepciones.
Un presidente que en campaña prometió reconciliar el Gobierno con el empresariado no podrá cumplir si mantiene esa democracia de los accesos que favoreció a tantos durante años. Insistir en decidir los presidentes de los gremios solo cambia quién tendrá la llave de los favores del Gobierno para los empresarios. Pero las empresas y los trabajadores necesitan reglas, no favores. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses.
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