El Ministerio Publico tiene diez días para admitir o no la solicitud de la icónica empresa antioqueña que demandó a los empresarios que construye la hidroeléctrica.
El Ministerio Publico tiene diez días para admitir o no la solicitud de la icónica empresa antioqueña que demandó a los empresarios que construye la hidroeléctrica. El alcalde de Medellín, quien tomó la decisión de presentar la demanda, pretende que los sobrecostos de la megaobra los asuman los encargados del proyecto.
El procurador general, Fernando Carillo, designó un agente especial para adelantar una conciliación extrajudicial en el a raíz de la demanda instaurada por Empresas Públicas de Medellín contra los empresarios que lideran la construcción del proyecto Hidroituango, por $9.9 billones.
EPM señala que las dificultades y fallas en la construcción de Hidroituango ocasionaron la contingencia que se vivió en el proyecto en 2018. Además, ocasionaron retrasos de su entrada en operación y desplazamientos en las comunidades que se encuentran cerca al proyecto.
Lo que quiere la Alcaldía de Medellín es emprender las acciones legales contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, por una suma de $9,9 billones, para que los sobrecostos de la megaobra -que incluyen todo lo que derivó de la emergencia de 2018- los asuman ellos y no los contribuyentes. Para un proceso así, es obligatorio que por lo menos se intente la conciliación.
“Se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir correctamente el hito de entrada en operación comercial de las entradas de generación, y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron, trajeron consigo un riesgo que al postre condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación, obligando a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de...
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