Continua la polémica que suscitó el Decreto que reglamentó la creación de más de 1.200 cargos en el Ministerio Púbico y que según la jefe del Despacho, Margarita Cabello, busca cumplir el fallo del tribunal internacional en materia de garantías políticas.
Continúan las reacciones que han surgido después de la firma del Decreto que aprobó la adición de más de 1.200 cargos a la planta de la Procuraduría General de la Nación, según la entidad para darle cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la demanda del exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro.
El documento de la Corte también expresó que la Procuraduría deberá presentar un informe en el que se justifique la actual situación.
“La Procuraduría continúe reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención americana de derechos humanos”, expresa el documento que habría sido emitido el pasado 25 de noviembre por la CIDH.