La sentencia fue ordenada por dos tribunales, luego de establecer la falta de protección por parte de la Nación a dos ciudadanos amenazados.
La Procuraduría informó este lunes que pidió a la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmar la reparación administrativa y patrimonial ordenada por los tribunales administrativos de Atlántico y Cundinamarca, respecto de la responsabilidad de la Nación por omitir sus funciones y permitir la concreción de actos delictivos de grupos al margen de la ley.
Para el Ministerio Público, tanto la Policía Nacional como la Unidad Nacional de Protección , son responsables del daño antijurídico causado, pues tenían conocimiento de la situación de peligro en la que se encontraba el excabildante y omitieron su deber de protección establecido en la Constitución Política.
Los hechos ocurrieron el 28 de enero de 1994 en Aguachica, Cesar, en un establecimiento de comercio donde fue asesinadoun integrante del Movimiento Político Acción Comunitaria , quien para ese entonces se desempeñaba como secretario privado de la alcaldía de este municipio. Para el órgano de control es evidente que los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional no están exentos de responsabilidad, pues omitieron los deberes de protección de la vida de este ciudadano pese a
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