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La Procuraduría aplicó suspensiones a dos congresistas por participación indebida en política durante la campaña presidencial. También hay investigaciones contra ministros y el presidente Petro.
Redacción Política recuerdan tantas investigaciones y suspensiones por participación indebida en política a servidores públicos como lo que se ha visto en esta campaña a la presidencia de la República.
La Procuraduría General aplicó ayer la segunda de estas medidas al representante a la Cámara del Pacto Histórico, Agmeth Escaf. La misma decisión tuvo para la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Gloria Arizabaleta, después de que ella, sin tener la competencia, determinara suspender al presidente Petro por sus expresiones en favor del candidato del oficialismo Iván Cepeda.
El Ministerio Público también ha suspendido y abrió indagaciones e investigaciones a ministros y directivos de entidades gubernamentales por supuestamente participar indebidamente en política durante la campaña presidencial. El funcionario más investigado por esta conducta es el presidente Petro, aunque no por la Procuraduría, sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que tiene la competencia para ello. En esta célula hay 12 investigaciones contra el mandatario.
Precisamente, la representante Arizabaleta tiene a cargo algunas investigaciones por denuncias contra el jefe de Estado por supuesta participación indebida en política. Así mismo, la Procuraduría suspendió hasta el 21 de junio al representante a la Cámara, Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, por expresiones desobligantes contra el candidato De la Espriella, de quien dijo que “se comporta prácticamente como la perra de los Estados Unidos”.
Escaf no fue sancionado por participación en política, pues los congresistas por obvias razones no tienen esta restricción, sino porque sus expresiones en este momento enrarecerían más el clima electoral, ya de por sí caldeado.
“Lo que se busca no es el silencio ni una prohibición de expresar ideas y opiniones, sino el asumir una especial cautela frente a lo que se dice y al cómo se dice; con ello, como lo sostiene la Corte Constitucional, se toma una medida de especial prudencia, en busca de la no repetición de la conducta y de mantener un escenario de armonía, en procura de la paz electoral y del interés general”, señala el Ministerio Público en su decisión. Durante el desarrollo de la campaña a la presidencia se han presentado múltiples quejas contra el presidente, algunos ministros y altos funcionarios por participación indebida en política.
Antes de la primera vuelta, entonces candidatos como Paloma Valencia, Claudia López y Mauricio Lizcano protestaron por esto. Sin embargo, la situación se complicó más tras los resultados de la primera vuelta, en la que si bien Cepeda pasó al balotaje, fue derrotado por De la Espriella por más de 600 mil votos. Como consecuencia, el presidente Petro aseveró: “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia.
Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. La Procuraduría abrió en octubre pasado una indagación al entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, porque en una entrevista dijo que se identifica “más con el proyecto político que tiene Iván Cepeda” y que Abelardo de La Espriella “es muy bueno para vender ron”. Igualmente, la Procuraduría en noviembre pasado abrió indagación al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por algunas publicaciones en redes sociales.
Luego, el 31 de mayo, aperturó una investigación formal. En tanto que antes de la primera vuelta la Procuraduría inició investigación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque en una reunión en Coyaima manifestó: “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo”.
El Ministerio Público abrió investigación y suspendió hasta el 21 junio al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , Carlos Carrillo, quien días después renunció y hoy hace campaña por Cepeda. Después de que el presidente dijo tras el resultado favorable en primera vuelta a De la Espriella que lideraría la campaña para que se reelijan sus políticas, Carrillo, ante las críticas por este anuncio, expresó:"Considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano.
El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo". También fue suspendido hasta el 21 de junio por la Procuraduría y le abrió investigación al embajador en Brasil, Alfredo Saade, pues en redes invitó al presidente a renunciar para hacer campaña: “El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo, demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”.
Así mismo, la Procuraduría abrió investigación al gerente del Sistema de Medios Públicos , Hollman Morris, por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional. Además, la Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente hasta el próximo 31 de mayo a la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, por presunta indebida participación en política.
La funcionaria habría realizado manifestaciones en favor del candidato Cepeda durante una entrevista a un medio de comunicación de ese país. También la entidad abrió investigación y suspendió hasta el 31 de mayo al notario único de La Hormiga, Putumayo, Luis Leyton Cruz, por presunta indebida participación en política.
Al parecer, Leyton Cruz habría realizado manifestaciones en su cuenta de la red social X sobre algunos de los candidatos que intervienen en la campaña electoral que actualmente se desarrolla en el país. La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta produjo un auto suspendiendo al presidente Petro en el cargo hasta el 21 de junio, cuando se llevará a cabo la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Con esta medida cautelar la congresista, paradójicamente de la colectividad del presidente, el Pacto Histórico, buscaba evitar que este participara en favor de Cepeda en lo que resta para ir a las urnas. Arizabaleta tenía previsto entregar al Senado el auto acusando al presidente, con el propósito de que la plenaria determinara si lo suspende o no del cargo hasta la segunda vuelta.
Sin embargo, el procedimiento previsto en la Constitución para las investigaciones penales y de juicio político al jefe de Estado establece que la acusación la debe hacer la Comisión de Acusación, no uno de sus integrantes. Ante la reacción de constitucionalistas y otros expertos, señalando que era irregular el procedimiento que se intentaba para suspender al presidente, la congresista modificó el auto y lo presentó a la Comisión de Acusaciones para que sea la que decida.
A pesar de ello, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y suspendió a Arizabaleta de sus funciones de congresista hasta el 21 de julio, pues determinó que, en este caso, actuó sin tener la competencia. Igualmente, la Corte Suprema abrió una investigación a Gloria Arizabaleta, pues fue denunciada por prevaricato.
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