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El nuevo borrador del Ministerio del Interior permite intervenciones policiales sin agotar el diálogo, generando un debate entre la necesidad de seguridad inmediata y el temor a violaciones de derechos humanos.
¿Puede la Policía intervenir antes de agotar el diálogo en una protesta? El nuevo protocolo del Gobierno divide al Concejo de Bogotá entre quienes piden reacción inmediata contra los violentos y quienes temen que la medida abra la puerta a abusos y vulneraciones de derechos humanos.
El borrador permitiría intervenciones individuales durante las protestas sin suspender el diálogo, una propuesta que divide al Concejo entre seguridad y garantías ciudadanas. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.
La nueva regulación que prepara el Gobierno para intervenir durante las protestas abrió un debate entre concejales de Bogotá. Mientras algunos consideran necesario que la Policía actúe inmediatamente frente a hechos violentos, otros advierten que la propuesta podría facilitar actuaciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos. El borrador, elaborado por el Ministerio del Interior, contiene 24 artículos y estará disponible para comentarios hasta el próximo 4 de octubre.
Entre sus disposiciones aparecen la identificación de quienes promuevan… El borrador, elaborado por el Ministerio del Interior, contiene 24 artículos y estará disponible para comentarios hasta el próximo 4 de octubre. Entre sus disposiciones aparecen la identificación de quienes promuevan actos violentos o vandálicos, la presencia permanente de policías a una distancia mínima de cuatro metros y la posibilidad de emplear la fuerza sin terminar previamente los espacios de diálogo.
El documento aclara que la mediación continuará con quienes se manifiesten pacíficamente, incluso después de una intervención contra personas señaladas de cometer actos violentos. La concejal Diana Diago, del Centro Democrático, respaldó la posibilidad de que las autoridades reaccionen oportunamente ante agresiones o daños a bienes públicos y privados.
“La protesta no puede convertirse en una excusa para que unos pocos desadaptados destruyan la ciudad y pasen por encima de los derechos de millones de ciudadanos”, afirmó a este diario. Según Diago, la protección del derecho a manifestarse debe coexistir con las garantías de quienes necesitan movilizarse, trabajar, estudiar o mantener abiertos sus negocios. La cabildante señaló que entre 2021 y 2026 los ataques contra TransMilenio dejaron pérdidas estimadas en $16.978 millones.
De los 626 hechos registrados, agregó, 331 ocurrieron durante manifestaciones. También recordó los procesos judiciales que relacionaron a integrantes de la denominada Primera Línea con una presunta financiación del ELN durante el paro de 2021.
“El diálogo y la mediación son herramientas para prevenir conflictos, pero no pueden convertirse en una condición que deje a la Fuerza Pública sin capacidad de reacción mientras se destruyen bienes o se agrede a ciudadanos”, añadió. Para Diago, el desafío será lograr un equilibrio entre la protección de las manifestaciones pacíficas y la intervención contra quienes cometan actos violentos.
El concejal Samir Bedoya, del partido MIRA, también consideró válido revisar los protocolos cuando una movilización causa afectaciones graves o deriva en vandalismo. Bedoya señaló que Colombia cuenta actualmente con una Fuerza Pública más profesional, mayor vigilancia ciudadana gracias a las redes sociales y una democracia fortalecida.
Sin embargo, advirtió que unas pocas personas pueden terminar afectando la movilidad y los derechos de miles.
“La Constitución protege la protesta pacífica, pero también la libertad de locomoción, el trabajo y la propiedad de quienes no participan”, manifestó. El cabildante defendió la mediación como el primer recurso institucional, aunque sostuvo que esta no debe impedir una reacción oportuna para proteger a las personas y sus bienes frente a actuaciones violentas.
Para Avellaneda, la propuesta podría llevar al país a un escenario semejante al vivido durante el Gobierno de Iván Duque, cuando la actuación de la Fuerza Pública en las movilizaciones estuvo marcada por denuncias de abusos, uso desproporcionado de la fuerza y graves vulneraciones de derechos humanos. El concejal advirtió que flexibilizar la intervención sin agotar el diálogo podría reabrir la puerta a esos excesos y poner en riesgo la vida e integridad de quienes ejercen legítimamente su derecho a protestar.
La concejal Ana Teresa Bernal, también del Pacto Histórico, advirtió que la protesta social debe tratarse como un derecho fundamental y no como una amenaza.
“Permitir que las autoridades intervengan sin agotar las etapas de diálogo abre la puerta a la arbitrariedad y pone en riesgo a quienes se movilizan pacíficamente”, sostuvo. Bernal defendió la negociación como el mecanismo principal para resolver las tensiones y aseguró que no debe interpretarse como un obstáculo para el Gobierno.
“El diálogo no puede ser un obstáculo ni la fuerza puede convertirse en la primera respuesta del Estado”, agregó. El borrador permite una actuación individual contra quienes sean señalados de portar o utilizar armas de fuego, elementos cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. También contempla la intervención cuando se presenten retenciones contra la voluntad de una persona o agresiones contra ciudadanos ajenos a la protesta, funcionarios públicos, policías, misiones médicas o equipos periodísticos.
El despliegue de gestores de convivencia y equipos de diálogo se consideraría suficiente para cumplir la obligación de privilegiar la mediación. Esto permitiría que la Policía actuara simultáneamente contra quienes ejecuten hechos violentos sin interrumpir la comunicación con el conjunto de manifestantes. El texto también plantea un acompañamiento policial permanente a una distancia mínima de cuatro metros, con el objetivo de proteger tanto a quienes participan en la movilización como a quienes no hacen parte de ella.
El Ministerio del Interior justificó los ajustes con el aumento de la conflictividad social. Según cifras de la Defensoría del Pueblo citadas en el documento, los eventos de protesta pasaron de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025. Durante ese último año se registraron movilizaciones en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá. Los bloqueos o cortes de vías representaron el 41 % de los mecanismos utilizados.
La cartera también argumentó que el Decreto 003 de 2021 no definió suficientemente cómo garantizar servicios esenciales y cadenas de abastecimiento durante los bloqueos, ni estableció autoridades, plazos o criterios claros para intervenir. Por ahora, se trata de un borrador y no de una norma vigente. Después del periodo de comentarios, el Gobierno deberá revisar las observaciones recibidas antes de decidir si modifica o promulga el decreto. ¿Intervenir sin agotar el diálogo? Así divide al Concejo la regulacióningresa aquí.
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