La iniciativa 'Niñas sin Ablación' busca erradicar una práctica considerada una grave vulneración de los derechos humanos, pero corre el riesgo de hundirse debido a la falta de tiempo en la agenda legislativa.
Un proyecto de ley en Colombia busca prohibir la mutilación genital femenina , pero corre el riesgo de hundirse debido a la falta de tiempo en la agenda legislativa.
La iniciativa, conocida como 'Niñas sin Ablación', ha sido ubicada en los últimos lugares del orden del día del Senado y no ha sido discutida y votada. La presidenta ejecutiva de la Fundación PLAN, Ángela Anzola, alertó sobre las consecuencias que tendría para miles de niñas la posible caída de una norma que busca erradicar una práctica considerada una grave vulneración de los derechos humanos.
Aunque la iniciativa ya superó varios debates y solo necesita una última aprobación, la coyuntura política derivada de las elecciones presidenciales y la discusión de otros proyectos considerados prioritarios ha relegado su estudio. La Fundación PLAN insiste en que la ablación genital femenina no solo constituye una vulneración de derechos humanos, sino que también genera graves afectaciones para la salud física y mental de las víctimas.
Según explicó Anzola, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se documentaron al menos 98 casos de mutilación genital femenina en Colombia, pero el número real podría ser mucho mayor debido a la falta de mecanismos específicos de seguimiento por parte del Estado. La mayoría de los casos conocidos son aquellos que llegan a centros médicos debido a complicaciones de salud derivadas del procedimiento. Esto significa que muchas situaciones podrían permanecer ocultas o no ser reportadas oficialmente.
La Fundación PLAN asegura que la mutilación genital femenina es una violación de los derechos de las niñas y de su integridad, y que la práctica puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante e incluso poner en riesgo la vida de las menores debido a las condiciones en las que suele realizarse.
La organización destaca que distintas comunidades indígenas han cuestionado la interpretación de que la mutilación genital femenina corresponde a una práctica ancestral, y que investigaciones desarrolladas con participación de comunidades indígenas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Salud han concluido que esta práctica está más relacionada con procesos históricos de desigualdad y con normas de género que han estigmatizado la sexualidad femenina.
La directiva de la Fundación PLAN destacó que durante más de 15 años se han desarrollado procesos de reflexión y transformación al interior de comunidades indígenas para erradicar esta práctica, y que uno de los principales avances ocurrió en 2010, cuando las autoridades Emberá Chamí de Risaralda adoptaron voluntariamente la decisión de abandonar la mutilación genital femenina. Para Anzola, este antecedente demuestra que los cambios culturales pueden lograrse mediante procesos educativos, diálogo comunitario y liderazgo de las propias mujeres, sin necesidad de recurrir exclusivamente a medidas punitivas
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