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Los resultados de las pruebas PISA 2022 muestran una grave crisis educativa en Colombia, con puntajes muy por debajo del promedio OCDE y una amplia brecha entre colegios públicos y privados.
Los resultados de las pruebas PISA 2022 han encendido las alarmas sobre la calidad de la educación en Colombia. Con puntajes de 381 en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias, el país se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE. La situación es especialmente crítica en matemáticas, donde solo tres de cada diez estudiantes alcanzan el nivel mínimo, lo que significa que la mayoría de los jóvenes de quince años no puede interpretar una situación matemática simple. Esta realidad evidencia una crisis educativa que afecta principalmente a los más vulnerables.
Brecha entre colegios públicos y privados
La diferencia entre la educación pública y la privada es abismal. Mientras que los colegios privados registraron un promedio de 430 puntos en matemáticas, las escuelas oficiales, particularmente las rurales, obtuvieron apenas 362 puntos. Esta diferencia equivale a casi dos años de escolaridad real. Los hijos de familias adineradas reciben herramientas para competir, mientras que el Estado condena a los jóvenes más vulnerables a un sistema oficial que no les enseña ni lo básico, ensanchando así la desigualdad social.
El presupuesto para educación ha crecido notablemente y desde 2018 es el sector con más recursos. Sin embargo, dicha inversión no se traduce en mejoras palpables dentro de las aulas. El problema es estructural y de gestión política, no solo de recursos. La izquierda y los sectores sindicales suelen atribuir los malos resultados a la pandemia o a las brechas socioeconómicas, pero estos argumentos no explican la persistencia de la crisis.
El papel del sindicato y la gestión educativa
El manejo de la educación pública está en manos de un sindicato que, según los críticos, adoctrina políticamente y no educa. A las directivas sindicales parece importarles poco los estudiantes; su preocupación es el aumento de privilegios corporativos. Operan con lógicas que paralizan el calendario escolar con paros recurrentes, condenando a los niños de menores recursos a una formación de tercera categoría. Esta captura institucional perpetúa una brecha abismal entre la educación pública y la privada, convirtiendo al aparato estatal en una trampa de pobreza.
En Colombia nos enfrentamos a un gremio que se niega a ser evaluado con rigor. Las evaluaciones actuales no miden la idoneidad docente real. Aunque los maestros han mejorado su formación, no logran que sus estudiantes avancen. Un buen maestro es aquel que demuestra la capacidad de extraer los mejores rendimientos de sus alumnos, y eso no está ocurriendo en la mayoría de los casos.
Propuestas para superar la crisis educativa
Para superar esta mediocridad, Colombia requiere soluciones estructurales inmediatas que pongan fin al secuestro educativo y prioricen el aprendizaje real. Hay que buscar acuerdos con Fecode. Si no se logran, es indispensable estructurar un sistema de evaluaciones obligatorias, transparentes e independientes vinculadas a la permanencia en el cargo y a incentivos económicos reales.
Asimismo, hay que romper el monopolio estatal de la oferta e introducir el sistema de bonos escolares. Si el sistema público es incapaz de ofrecer calidad, el Estado debe financiar la demanda, permitiendo que las familias de estratos bajos elijan libremente si quieren matricular a sus hijos en colegios privados. El subsidio debe seguir al estudiante, destruyendo la trampa de obligar a los más necesitados a asistir a la escuela oficial del barrio sin importar qué tan mala sea.
Adicionalmente, urge una reforma curricular radical. El Ministerio de Educación debe limpiar los planes de estudio del sesgo ideológico impuesto por el activismo sindical y enfocar los esfuerzos en competencias del siglo XXI: la enseñanza de ciencias exactas, comprensión lectora analítica y matemáticas aplicadas. El sistema debe adaptarse a la era digital, instruyendo en el uso de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad.
Mantener el esquema actual, donde el sindicato dicta las reglas y los niños pierden el año antes de empezarlo, es agudizar la brecha social, condenar a los pobres a la pobreza y enterrar la competitividad del país.
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