El Parque Nacional de la Justicia, en donde estará la nueva sede de la FGR, se convirtió en el epicentro de una disputa entre el organismo y particulares por la propiedad de 53 hectáreas en Santa Fe
“Nosotros llevamos seis años con juicios civiles que ha iniciado el propio Gobierno federal en contra de particulares y desde hace un año y medio, la Fiscalía inició con este procedimiento de las carpetas de investigación con una materia penal”, indica Miguel Saucedo, abogado defensor de un grupo de afectados.
Por ejemplo, un terreno de 17,662 metros cuadrados dentro del polígono en conflicto fue ofrecido a la venta por 45 millones de dólares, según una publicación del portal Inmuebles24. El nuevo búnker de la Fiscalía El nuevo edificio de la FGR –que ya se encuentra en construcción– se ubica en dos predios de 163,387 metros cuadrados en el kilómetro 14.5 de la Carretera federal México-Toluca. Los terrenos fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en junio de 2020 a la Fiscalía.
“La sola antigüedad de una ley no implica que no se encuentre vigente o que pierda su valor, sencillamente tendría que ser abrogada o derogada para que quede sin efectos. En este caso no tenemos conocimiento de que la misma haya sido abrogada o derogada, por lo tanto se encuentra completamente vigente. Miguel Leyva Medina, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR.
El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, aclaró que no buscan recuperar ni hay investigaciones en las 2,800 hectáreas que abarca el decreto, sino solo 53 hectáreas, que aunque rodean su nueva sede, descartó que la FGR tenga un interés particular en el polígono.
En la llamada “Puerta Santa Fe” ya existen predios y locales comerciales como una tienda de motociclismo de alta gama, estacionamientos y gimnasios, que hoy lucen abandonados debido al aseguramiento por parte de las autoridades federales. Cada metro cuadrado de vivienda tiene un precio promedio de 52,000 pesos en esta zona, de acuerdo con datos de Inmuebles24, colocándose entre el 10% de las colonias con más alto valor en la Zona Metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con el diputado federal del PAN, Jorge Triana, quien ha trabajando el tema, es Cosmocrat Santa Fe, una torre con 209 departamentos en 20 pisos donde hay personas habitando y cada residencia va de los 3.1 a 5.5 millones de pesos, con un valor aproximado de 898.7 millones de pesos. Alertan de falta de Estado de Derecho El hecho de que el polígono de interés se encuentre alrededor del Parque Nacional de la Justicia, futura sede de la FGR donde despachará su titular Alejandro Gertz Manero, no escapa de la vista de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.
Desde @AlcaldiaAO exigimos que la @FGRMexico deje de ser juez y parte para apropiarse de 53 hectáreas en Santa Fe. Despojar a los propietarios mediante procesos penales no debe pasar desapercibido. Seguiré acompañando a las y los vecinos en esta lucha. pic.twitter.com/w2ZRTvid6b Expansión Política buscó la opinión de organizaciones de desarrolladores inmobiliarios, notarios y asociaciones de vecinos de Santa Fe, sin embargo las fuentes no respondieron o rechazaron la solicitud de opinar.Amparos y denuncias Para el abogado Miguel Saucedo, quien lleva el caso de 15 predios cercanos a la zona que tiene en la mira la FGR, no solo están en incertidumbre las 53 hectáreas que refiere la autoridad, sino las 2,800 que abarca el decreto.
“El tracto sucesivo registral es una cadena de títulos de propiedad una cadena ordenada de ventas, para con ello probamos que si existe una historia legal de la propiedad”, explicó. No se está dando ninguna contraprestación, es un robo totalmente, es una apropiación, un despojo de la propiedad privada”. Jorge Triana, diputado federal del PAN por el distrito 17 de Cuajimalpa-Álvaro Obregón. El diputado advirtió que en este caso el Indaabin y la FGR estarían incurriendo en un delito bajo el Artículo 231 del Código Penal Federal, por lo que considera presentar una denuncia en contra de dichas instituciones del Gobierno federal.
“El riesgo de que el Estado intervenga en la propiedad privada, que atente contra la certeza de la propiedad privada, es altísimo. Es un antecedente nefasto porque quiere decir que de aquí en adelante el Gobierno en cualquier predio que le interese –sin utilizar la figura de expropiación– va a poder agenciárselo sin ningún tipo de garantía para el ciudadano”, consideró.
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