La obra en Magdalena registra 88% de ejecución, pero acumula retrasos y un sobrecosto de 57,6%.
, que busca acelerar su puesta en funcionamiento como parte de la ofensiva contra las estructuras criminales. El mandatario ordenó a Isidora Fernández, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios ,El proyecto viene del gobierno de Iván Duque y fue contratado en diciembre de 2019 con una entrega prevista para 2022.
Sin embargo, la infraestructura acumula retrasos, suspensiones y dificultades presupuestales que han impedido su entrada en operación.el proyecto lleva 49 meses de retraso frente al cronograma inicial y también ha registrado un incremento significativo en su costo. La Uspec adjudicó el contrato el 20 de diciembre de 2019 al Consorcio Fundación 2020, integrado por Construcción Con-Unión Ltda. , con 50 por ciento de participación; Meyan S.A. , con 20 por ciento; AMR Construcciones S.A.
S., con 15 por ciento, y Constructora Amco, también con 15 por ciento. El presupuesto inicial fue de $183.630 millones y la entrega estaba prevista aproximadamente para septiembre de 2022.por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el valor del proyecto aumentó 57,6 por ciento mediante tres adiciones contractuales sucesivas. De esta manera, pasó de $183.630 millones a $289.401 millones.
En uno de los documentos enviados por la Uspec aLa misma documentación estableció que el establecimiento requería otros $43.000 millones para completar su dotación y permitir la integración operativa. La Corte también recibió información según la cual esos recursos aparecían en el anteproyecto de la vigencia 2026, pero sin una apropiación efectiva.sino también obstáculos relacionados con el flujo de recursos necesarios para ponerlo a funcionar. La investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO también encontró antecedentes de varias suspensiones.
Una de ellas, registrada en septiembre de 2023, estuvo relacionada con un atentado atribuido al Clan del Golfo contra trabajadores de la obra y personal de la interventoría, según un informe de la Defensoría del Pueblo remitido a la Corte Constitucional.identificó “debilidades sustanciales” en la planeación integral del proyecto. Entre los aspectos señalados estuvieron los cronogramas incumplidos y la subestimación de costos.
Documentos de la Corte también señalaron que durante la ejecución se materializaron riesgos de seguridad, disponibilidad presupuestal y obtención de licencias ambientales que no habían sido previstos. El representante legal del Consorcio Fundación 2020, Alfredo José Esteban Muñoz Rodríguez, explicó a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que desde 2020, cuando comenzó la ejecución, fue necesario reajustar estudios y diseños entregados por la Uspec.
También mencionó dificultades para garantizar el suministro de agua, obtener permisos ambientales y adelantar una consulta previa con comunidades indígenas del sector. Según Muñoz Rodríguez, esas situaciones no eran atribuibles al contratista y por eso no existen multas ni sanciones. También explicó que la pandemia y los problemas de caja afectaron los desembolsos necesarios para mantener el ritmo de ejecución.
Posteriormente, alrededor de 2023, el consorcio pidió suspender las obras debido a la falta de recursos, las amenazas contra el personal y los dañosLa USPEC accedió a la solicitud, pedíamos que se suspendiera la obra hasta que se garantizaran las condiciones para seguir trabajando. La suspensión inició cuando llevábamos un 28 por ciento de la obra y duró unos 14 meses”, explicó el representante del consorcio.
La nueva administración busca destrabar los asuntos pendientes para culminar una infraestructura que contempla siete pabellones de reclusión, bloques de aulas y talleres para programas educativos y de formación, áreas de sanidad, planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales.además de alojamientos diferenciados para el cuerpo de custodia y vigilancia. Una comitiva interinstitucional integrada por la directora de la Uspec, Isidora Fernández; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima, y el director de Gestión Corporativa del Inpec, Andrés Barney, visitó el proyecto para revisar su avance.avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 cupos al sistema penitenciario y carcelario.
La Gobernación del Magdalena también participa en las gestiones para completar el proyecto. Durante el recorrido fueron revisados asuntos relacionados con la vía de acceso yLa gobernadora Margarita Guerra aseguró que desde el inicio del actual Gobierno ha abordado el proyecto con el Ministerio de Justicia yEl contratista, por su parte, proyecta terminar las obras durante el primer semestre de 2027. La Gobernación del Magdalena aseguró que ya existe una fecha de inauguración, aunque todavía no ha sido informada públicamente.
La puesta en marcha de Renacer se enmarca en la política de seguridad de De La Espriella, quien durante la campaña planteó la construcción de 10 megacárcelesMientras avanza este proyecto, el Gobierno también ha estudiado el uso de buques de la Armada como cárceles de máxima seguridad para aislar a cabecillas que, según las autoridades, continúan impartiendo órdenes desde prisión. *Algunos fragmentos de este artículo fueron construidos con la asistencia de una inteligencia artificial y fueron revisados por el periodista.
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