La retención de los militares dividió a los funcionarios del Gobierno en dos: mientras unos señalaban a los disidentes, otros afirmaban que se trató de una acción organizada por campesinos.
La retención de los militares dividió a los funcionarios del Gobierno en dos: mientras unos señalaban a los disidentes, otros afirmaban que se trató de una acción organizada por campesinos.
Desde una carpa improvisada la Guardia anunció su retiro de la zona y así pusieron fin a lo que ellos denominaron como un “cerco humanitario”. Las Fuerzas Militares y el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, no dudaron en relacionar “el secuestro” con una aparente acción ordenada por los disidentes de Calarcá.
Mientras el sector Defensa señalaba a los disidentes como responsables, desde la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor —donde solo permanecen sentados los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes— indicaban que la acción de los campesinos nada tenía que ver con órdenes de los ilegales.
“No queremos más guerra. Esta fue una forma de protegernos, pero también de protegerlos a ellos frente a alguna situación que pueda terminar en combate. Somos hombres y mujeres de paz que siempre agotarán la vía del diálogo”, añadió Gutiérrez. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, se sumó a las delcaraciones del MinDefensa y afirmó que la retención de los soldados fue una clara violación al cese al fuego bilateral.
La estrategia del Gobierno parece ser la de evitar que prolifere la confrontación en otras regiones del país y se ha mantenido en la mesa con la facción disidente dominda por Calarcá: que opera en las zonas de Putumayo, Catatumbo, Caquetá, Magdalena Medio, Bolívar y el Norte de Antioquia.
“Hoy la movilidad en el río, principal arteria de las comunidades rurales, no existe. Hay altísima zozobra y miedo”, afirmó la gobernadora Córdoba y añadió: “las comunidades están completamente confinadas”.
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