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El tribunal estudiará 11 asuntos, entre ellos los criterios legales usados para definir el incremento y el salario vital.
El debate jurídico sobre el salario mínimo de 2026 entra en una nueva etapa, luego de que el Consejo de Estado cerrara el periodo destinado a la práctica de pruebas dentro del proceso que cuestiona el incremento establecido para este año.
La decisión se produce mientras el valor fijado para los trabajadores colombianos continúa vigente. La controversia se remonta al Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno estableció un aumento del 23 % y fijó el salario mínimo mensual en $1.750.905. La medida fue llevada ante la jurisdicción contencioso-administrativa por ciudadanos, gremios y organizaciones, después de que no se lograra un acuerdo durante la concertación entre Gobierno, empleadores y trabajadores.
Demandas quedaron reunidas en un mismo expediente judicial La Sección Segunda acumuló dos nuevas demandas al proceso principal, por lo que los cuestionamientos serán analizados conjuntamente y deberán resolverse mediante una misma decisión. El tribunal también rechazó los argumentos del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia, que habían planteado reparos sobre aspectos formales de las demandas y la acumulación de pretensiones. El Consejo de Estado estableció además once asuntos que deberán ser estudiados.
Entre ellos figura si el Gobierno aplicó los criterios previstos en la Ley 278 de 1996, relacionados con inflación, productividad, crecimiento del PIB y capacidad de pago del aparato productivo. Otro aspecto está relacionado con el concepto de salario vital, tomado como referencia a partir de estudios de la Organización Internacional del Trabajo. El tribunal deberá establecer qué papel podía cumplir este elemento dentro de la justificación del aumento y su relación con los parámetros legales.
Tribunal también revisará el auxilio de transporte El proceso incluye el auxilio de transporte de 2026, establecido en $249.095 mediante el Decreto 1470 de 2025. También se analizará si su fijación contó con suficiente sustento técnico y cómo se relaciona con la política salarial. Al no existir pruebas pendientes, el proceso avanzará hacia una sentencia anticipada. Las partes cuentan con diez días para presentar sus alegatos finales, mientras el Ministerio Público deberá entregar su concepto.
Después de esa etapa, el expediente regresará al despacho judicial para la elaboración de la sentencia que determinará si el aumento del salario mínimo de 2026 se ajustó al ordenamiento jurídico. El Consejo de Estado había suspendido provisionalmente el Decreto 1469 en febrero, pero en julio revocó esa medida. Por ahora, el incremento del 23 % permanece vigente mientras se adopta la decisión definitiva.
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