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El exmandatario Juan Manuel Santos expresó su preocupación por los recortes al presupuesto de la JEP y enfatizó la importancia de que el tribunal cumpla su mandato completo hasta 2033 para garantizar los derechos de las víctimas. Por otro lado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostiene que la JEP ya ha cumplido su ciclo y debería concluir sus operaciones.
Ministro Rodrigo Lara explica que la JEP ya cumplió su ciclo. Expresidente Juan Manuel Santos dijo que el tribunal no se puede extender.
/ ENS, archivoEL EXPRESIDENTE Juan Manuel Santos le salió al paso a las críticas por el anuncio del Gobierno nacional de recortar en $170 mil millones el presupuesto de esa entidad, al igual que analizó el futuro del tribunal especial de paz que fue creado tras la firma del acuerdo de paz en 2016 con la guerrilla de las Farc. El exmandatario señaló que “garantizar el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto su mandato, hasta 2033, es fundamental para que pueda cumplir plenamente su mandato y avanzar en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para todas las víctimas del conflicto”.
De igual manera, el expresidente manifestó: “El Estado está obligado a cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz y a respetar los términos de las instancias que se crearon, es una obligación constitucional. Es fundamental que el Estado garantice los recursos para el funcionamiento de la JEP para que cumpla con su mandato y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición tanto para las víctimas de las Farc como para las víctimas de los agentes del Estado y para todos los colombianos”.
A su turno, el ministro del Interior, Rodrigo Lara afirmó que “las instituciones cumplen un ciclo, creo que la JEP ha cumplido un ciclo y ha producido determinados resultados, creo que esa no es una jurisdicción que se extienda en el tiempo. Es una jurisdicción en su esencia transitoria, es una jurisdicción creada para cerrar un ciclo de violencia, un conflicto y creo que eso ya cumplió su ciclo, lo que implica que es hora de que termine, y no está ahí para quedarse como las demás”.
Posteriormente, el ministro Lara agregó que, frente a los temas judiciales, él prefiere que sea el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien explique los alcances de las recientes determinaciones. Por otra parte, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, aumentó sus denuncias por presuntos actos de corrupción con el presupuesto de ese tribunal: “¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis.
Entre 2018-2026 la JEP firmó 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- que nos han costado a los colombianos $182.120 millones”.a ONU, por transparencia, debió informar a la opinión pública que tenía un evidente conflicto de intereses al solicitar que no se disminuyeran los recursos de la JEP. Además, para 'suavizar' las cifras, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar $132.943 millones, pero casi siempre en especie.
Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes. La JEP debería ser más inteligente y no pedirle respaldo a su megacontratista favorito”. En tanto, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que permita acabar con la Jurisdicción de Paz, inclusive antes de cumplirse el plazo establecido en el acuerdo de paz.
Al respecto, el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, sostuvo: “La JEP se ha vuelto un fortín burocrático, es una entidad con mínimo rendimiento, el país lo conoce, solo cuatro fallos, el primero de ellos vino a proferirse en septiembre de 2025. Han definido 46 situaciones jurídicas de los 9.700 exintegrantes de las Farc que están sometidos a su jurisdicción, menos del 0,5 %.
Pero eso sí, 1.456 funcionarios de planta, oiga bien, por $248 mil millones al año y 1.218 contratistas a través de OPS para un costo de $62 mil millones”. Mientras que el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, José Jaime Uscátegui, le dijo a este Diario: “Yo no he dicho que estoy de acuerdo en que la JEP se acabe.
Pero sí quiero decir que debe haber un equilibrio entre las sentencias contra los integrantes de los grupos armados y los agentes de la Fuerza Pública que comparecieron voluntariamente”.
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