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El ministro del Interior anunció la publicación del proyecto de decreto para comentarios hasta el 4 de octubre.
Se conocen los cambios que el Gobierno propone para la protesta social: así se modificaría el Decreto 003El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció por medio de su cuenta de X la publicación del proyecto de decreto con el que se buscaría modificar el vigente Decreto 003 del 2021, con el propósito de regular el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica.
El funcionario señaló que el proyecto es"respetuoso de la protesta social" y que cumple con el proceso de consulta que exige la norma. Según dijo, se busca sobre todo tener en cuenta los derechos de quien no participa en las protestas.
"Este decreto busca equilibrar los derechos de quien protesta con los de quien no participa. Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia.
La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí", dijo en su mensaje de X.Uno de los principales cambios planteados establece que la obligación institucional de priorizar el diálogo se aplicaría a la manifestación en su conjunto, pero no impediría actuar individualmente contra quienes estén ejecutando hechos violentos.
De acuerdo con el proyecto, si desde el comienzo se verifica la presencia de armas o explosivos, agresiones contra terceros, comunicadores o misiones médicas, retención de personas o destrucción de infraestructura, la Policía podría intervenir contra los responsables mientras el diálogo continúa con los demás manifestantes. El proyecto también plantea que, cuando las circunstancias hagan materialmente imposible desarrollar los niveles iniciales de diálogo, estos puedan omitirse, siempre que exista una justificación registrada en el Puesto de Mando Unificado .
La intención es que una intervención frente a hechos violentos no dependa de suspender primero todas las conversaciones con los demás participantes de la protesta, sino que ambas actuaciones puedan desarrollarse de manera simultánea. La propuesta establece además ocho causas objetivas y exhaustivas para declarar agotado el diálogo.
Entre ellas aparecen el bloqueo de ambulancias y organismos de socorro, la afectación de hospitales y servicios de emergencia, la verificación de escasez de alimentos, agua, combustible o medicamentos, así como la presencia de armas de fuego o explosivos, la destrucción de bienes e infraestructura y las agresiones contra servidores públicos o periodistas. Otro de los ajustes tiene que ver con el acompañamiento policial durante las manifestaciones.
El documento establece que la Policía Nacional deberá disponer de un dispositivo ubicado a una distancia mínima de cuatro metros. Según el texto, la Policía Nacional, dispondrá de un dispositivo de acompañamiento a la manifestación pública, el cual deberá estar ubicado a una distancia mínima de cuatro metros. Ese dispositivo tendría como finalidad proteger tanto a manifestantes como a quienes no participan. El proyecto incorpora además reglas específicas para los bloqueos de vías y el acceso a zonas productivas.
La obstrucción de una carretera, por sí sola, no eliminaría el carácter pacífico de una manifestación. En esos casos, el PMU debería valorar factores como la capacidad de las rutas alternativas, el tiempo transcurrido, el impacto sobre las emergencias y las consecuencias para los ingresos de subsistencia de comerciantes locales.
Cuando se trate de ocupaciones que afecten accesos industriales o comerciales, la respuesta institucional estaría condicionada a la verificación de pérdidas económicas, el bloqueo de trabajadores o la existencia de riesgos para la seguridad industrial. La propuesta también ordena establecer “Corredores Solidarios” para garantizar el paso continuo de misiones médicas, ambulancias, suministros hospitalarios, alimentos perecederos y personas consideradas prioritarias, como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Los municipios, además, tendrían que mantener un Plan de Manejo de Tránsito y Movilidad Alternativa, con rutas de circulación distintas y un inventario permanente de infraestructura prioritaria. Allí entrarían hospitales, sistemas de transporte masivo, servicios públicos y establecimientos educativos, que deberían contar con anillos preventivos de seguridad policial. El nuevo esquema propuesto contempla cinco niveles de respuesta institucional.
El primero corresponde a la facilitación y gestión preventiva; el segundo, al diálogo directo; el tercero, a la mediación; el cuarto, a la disuasión; y el quinto, a la restauración del orden mediante la UNDMO o una fuerza especializada. La propuesta también incorpora mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Después de cada marcha, las alcaldías y gobernaciones deberían publicar, dentro de las 72 horas siguientes, un balance consolidado de sus impactos en sus páginas oficiales.
Además, cuando el uso de armas letales o menos letales por parte de la Policía ocasione afectaciones a la vida o la integridad personal, o daños a infraestructura, misiones médicas o periodistas, el alcalde o gobernador tendría un plazo máximo de tres meses para entregar una explicación pública satisfactoria. El proyecto plantea igualmente un sistema de alertas tempranas administrado por el Ministerio del Interior.
Cuando se active una alerta, deberán convocarse mesas de diálogo dentro de los cinco días hábiles siguientes. El documento establece expresamente que estas actuaciones no podrán utilizarse para realizar labores de inteligencia o elaborar perfiles de los participantes en las manifestaciones. La propuesta llega después de que el Gobierno anunciara cambios relacionados con las manifestaciones en universidades públicas.
Dos semanas antes, el presidente Abelardo De La Espriella había planteado incluso la posibilidad de ingresar a campus universitarios para identificar a quienes promovieran actos violentos, al considerar que esa actuación no afectaría la autonomía universitaria. El anuncio generó llamados de distintos sectores a privilegiar el diálogo. El proyecto del Ministerio del Interior mantiene precisamente ese principio como punto de partida, pero busca delimitar cuándo puede agotarse y cuándo la Fuerza Pública puede actuar frente a conductas individuales.
También contempla la participación de gremios económicos y Juntas de Acción Comunal en las mesas de diálogo, con el propósito de revisar los efectos de las movilizaciones sobre la actividad económica y las comunidades residenciales. Brayan Franzua Silva Hernandez
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