El primer vicepresidente de la Cámara, Simón Molina Gómez, presentó un memorial ante la Corte Constitucional solicitando que se revise la sentencia del Consejo de Estado que declaro la perdida de investidura de Iván Name. El documento busca determinar si los hechos de dicha sentencia, que implican el trafico de influencias de Name durante las sesiones de la reforma pensional, pueden tener relevancia constitucional en el tramite actual de la ley.
El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina Gómez, presentó un memorial ante la Corte Constitucional solicitando que se considere una reciente sentencia del Consejo de Estado en el trámite de la reforma pensional.
El memorial busca que la Corte determine si los hechos establecidos en la providencia, que decretó la pérdida de investidura del entonces presidente del Senado, Iván Name, pueden tener relevancia constitucional en relación con la Ley 2381 de 2024. El Consejo de Estado encontró que Name había delegado consistentemente la conducción de las sesiones plenarias durante el debate de la reforma, lo cual constituyó tráfico de influencias.
Molina argumenta que esta decisión sobreviniente afecta las sesiones en las que se discutió la reforma y debe ser considerada por la Corte.
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