Los sindicatos, los partidos de izquierda y los grupos feministas se han mostrado en contra de la reforma porque supone cargar el peso de la nueva recaudación en los que menos ganan y en las mujeres.
La mayoría del Parlamento, el Gobierno y los empresarios se pronunciaron a favor de la reforma para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.
La reforma también incluye un aumento del impuesto sobre el valor añadido del 7.7 al 8.1%, a fin de proporcionar financiación adicional al AVS. Este aspecto se ha votado aparte y ha logrado un apoyo del 56%.
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