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El presidente Abelardo De La Espriella ordenó medidas sobre licencias de empresas de seguridad por presuntos nexos criminales y control de armas. La Supervigilancia investiga a cinco compañías.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas administrativas sobre las licencias de empresas de seguridad privada por presuntos nexos criminales y por irregularidades en el control de armas, una decisión que involucra a la Supervigilancia y a cinco compañías del sector. El anuncio se produjo luego de la posesión del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, según detalló el mandatario al explicar las instrucciones impartidas a esa entidad.
Orden presidencial tras la posesión del superintendente
De La Espriella señaló que, tras la posesión del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le impartió una orden clara para avanzar en las investigaciones sobre las empresas del sector por presuntas conexiones con organizaciones criminales e irregularidades relacionadas con el control de armas.
El mandatario sostuvo que las decisiones adoptadas frente a las compañías son individuales y no están sujetas a una misma medida, con el objetivo de identificar responsabilidades de manera particular en cada caso investigado.
Cinco compañías bajo investigación
El anuncio detalló que las medidas administrativas adoptadas frente a cinco compañías del sector de seguridad privada forman parte del proceso que adelanta la Supervigilancia contra empresas investigadas por posibles conexiones con grupos criminales.
La entidad avanza en las indagaciones mientras el Gobierno revisa qué ocurrió con las armas faltantes y reclama mayores controles para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del sector.
De La Espriella advirtió que las acciones se extenderán por todo el territorio nacional. Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, afirmó el presidente al referirse al alcance de las investigaciones.
Contexto del control de armas en el sector
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la entidad encargada de regular y vigilar a las empresas que prestan servicios de seguridad en el país, incluyendo la supervisión de sus licencias y del manejo de armas autorizado.
El caso se enmarca en una serie de anuncios del Gobierno relacionados con el sector y con otras decisiones administrativas. Entre ellos, la reversión del aumento del precio de la gasolina para octubre tras una orden del presidente.
El mandatario también respaldó a la directora del ICBF tras denunciar amenazas, al afirmar que quien se mete con un funcionario de su Gobierno se mete con el Tigre. Además, encabezó el Relevo de Guardia de la Casa de Nariño, un acto protocolario sin presencia de un jefe de Estado desde 2019.
De La Espriella compartió imágenes del traslado de Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Boyacá y desautorizó a una persona cercana a su familia señalada de intrigar por nombramientos, al rechazar esas prácticas.
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