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La Sala Séptima del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la alcaldesa de Bello, Yulieth Lorena González Ospina, por no garantizar agua potable en Granizal.
La Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la alcaldesa de Bello, Yulieth Lorena González Ospina, y le impuso una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a alrededor de 27 millones de pesos, por no garantizar el derecho al agua potable en el asentamiento de Granizal. La decisión, conocida el 29 de septiembre de 2026, establece que la sanción debe pagarla de su propio peculio, es decir, con su dinero y no con recursos del municipio, dentro de los diez días siguientes a que la decisión quede en firme.
La medida judicial responde a que, más de seis años después del último fallo que ordenó garantizar agua potable en Granizal, la solución estructural definitiva no existe. Los habitantes del sector siguen recibiendo agua en carrotanques y, en algunos casos, filtrando el líquido con medias para evitar que la tierra y los insectos caigan en la comida.
Un asentamiento con graves carencias de agua
Granizal es el asentamiento más grande de población desplazada de Antioquia y el segundo del país. Alberga a cerca de 30.000 habitantes, de los cuales el 65% son víctimas del conflicto armado que llegaron huyendo desde distintos rincones de Colombia.
Durante décadas, los propios habitantes construyeron un acueducto artesanal captando agua cruda del embalse Piedras Blancas, sin tratamiento ni potabilización. Entre 2007 y 2015, estudios de la Universidad de Antioquia encontraron coliformes fecales de origen animal y humano en esa agua, lo que provocaba diarreas, hepatitis A y cólera, afectando principalmente a los más vulnerables.
Los niños no pueden beber del grifo sin arriesgarse a un dolor de estómago. En sectores como Altos de Oriente, los tanques a veces aparecen vacíos y la única opción es bajar cargando galones por calles de barro.
Fallos judiciales y acción popular en Granizal
Con el respaldo de esos análisis, dos ciudadanos, Miguel Rodríguez Serrano y Lizardo Correa, con apoyo del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, interpusieron en 2015 una acción popular, el mecanismo jurídico que cualquier ciudadano puede usar para defender derechos colectivos como el agua.
En 2019 ganaron en el Tribunal y en 2020 ganaron en el Consejo de Estado. Los fallos ordenaron soluciones estructurales como acueducto, alcantarillado y, si no era técnicamente viable construirlos, la reubicación de la población a un lugar donde sí pudieran acceder a esos servicios.
Sin embargo, a seis años de ese último fallo, Granizal sigue recibiendo agua en carrotanques.
Defensa de la alcaldesa y respuesta judicial
Ante el incidente de desacato, la alcaldesa González Ospina presentó su defensa argumentando que no fue negligente. Mencionó la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante el Acuerdo 004 del 24 de abril de 2025, que pasó sectores de Granizal de suelo rural a suelo urbano, un paso indispensable para construir redes formales de servicios públicos.
También señaló que realizaron más de 30 mesas técnicas con el Ministerio de Vivienda y que radicaron un proyecto de acueducto por 80.000 millones de pesos ante ese ministerio, del que esperan una cofinanciación de 50.000 millones. Además, aseguró que invirtió más de 11.380 millones de pesos de recursos propios entre 2023 y 2025 en carrotanques, brigadas de aseo y otras medidas provisionales.
El Tribunal reconoció algunas de esas actuaciones, pero consideró que lo no hecho pesó más: la regularización de predios, la caracterización socioeconómica actualizada de la comunidad y, sobre todo, los estudios de riesgo a detalle. Ese análisis técnico determina qué zonas son de riesgo no mitigable, donde habría que reubicar familias, y cuáles son mitigables, donde sí se puede construir infraestructura.
Sin ese estudio, ni EPM puede diseñar las redes ni el municipio puede trazar el plan urbano definitivo.
Costos ignorados y plazos incumplidos
El argumento definitivo para considerar el desacato fue que estos estudios cuestan entre 1.285 y 2.789 millones de pesos. El municipio de Bello tiene un presupuesto anual que supera el billón de pesos, exactamente 1.060.045.495.281 de pesos en 2026.
Sin embargo, la alcaldesa no gestionó ni presupuestó esos recursos en ninguna de sus tres vigencias de gobierno: ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026. Mientras tanto, ha gastado más de 8.046 millones de pesos solo en carrotanques, una medida provisional, sin avanzar en lo estructural.
Los plazos documentados en el Auto 618 de 2026 también son reveladores. En ocasiones pasadas, la Alcaldía de Bello ha señalado que las soluciones definitivas se han estancado por falta de inversión y concertación con el Ministerio de Vivienda. No obstante, según el documento, el Ministerio de Vivienda revisó y emitió sus observaciones técnicas al proyecto del municipio en dos meses, pero el Municipio tardó casi 19 meses en responderle.
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