El expresidente colombiano Álvaro Uribe enfrenta un juicio por cargos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal. Su defensa busca garantías en el proceso ante el Tribunal Superior de Bogotá, tras ser declarado impedido el magistrado inicialmente asignado al caso. La jueza Sandra Liliana Heredia, quien preside el juicio, fue objeto de una recusación por parte del abogado defensor Jaime Granados, quien argumenta que ella no ha garantizado el debido proceso a su cliente.
El Tribunal Superior de Bogotá se prepara para examinar una tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe . En la tutela, se solicitan garantías en el juicio que se le sigue por presuntos cargos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal, acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación hace un año.
El análisis de la tutela estará a cargo de un nuevo magistrado luego de que Ramiro Riaño se declaró impedido debido a que su pareja sentimental fue nombrada por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, quien es víctima en el juicio contra Uribe, en un puesto dentro del ente acusador. 'Mi compañera permanente Luz Adriana Gutiérrez Mejía fue nombrada en el año 2013 como Fiscal Local en provisionalidad, en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, época para la cual el Dr. Montealegre Lynnet se desempeñaba como Fiscal General de la Nación y, en tal calidad, realizó su nombramiento', escribió Riaño. Sus compañeros de sala aceptaron su separación del caso, y por lo tanto, mediante sorteo se determinará quién será el magistrado responsable de analizar la tutela interpuesta por el abogado Jaime Granados, principal defensor del exmandatario. El reclamo de este penalista junto con su cliente es que la jueza Sandra Liliana Heredia no habría garantizado el debido proceso al no darle el trato adecuado a una recusación realizada en su contra, argumentando que no fuera imparcial durante el proceso en contra de Álvaro Uribe. Durante una audiencia realizada hace pocos días, la jueza negó la recusación de Granados al considerar que no estaba suficientemente fundamentada, y por lo tanto, continuó el juicio escuchando al senador Iván Cepeda como el primer testigo de la Fiscalía. Esta situación llevó a que el defensor acudiera a la tutela ante el Tribunal. La tesis de la fiscal Marlenne Orjuela es que el expresidente habría enviado al abogado Diego Cadena para que obtenga testimonios favorables en cárceles del país, a cambio de dádivas o beneficios judiciales. Algunas de las personas contactadas fueron llamadas a testificar en el juicio
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