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El Tribunal Superior de Bogotá revocó la tutela que obligaba al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso a pedir disculpas por el acto religioso en la posesión del 7 de agosto.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó una tutela que ordenaba al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso pedir disculpas por el acto religioso realizado durante la ceremonia de posesión presidencial del 7 de agosto pasado. La decisión de segunda instancia dejó sin efecto la orden inicial que también involucraba al presidente del Senado, Honorio Henríquez.
Contexto de la tutela revocada
En primera instancia, la tutela había ordenado al primer mandatario y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofrecer disculpas por el acto religioso. Ambos ya habían cumplido con esa exigencia antes de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida.
Los magistrados concluyeron que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, religión y cultos. La decisión se basó en varios argumentos jurídicos y de contexto.
Argumentos jurídicos de la decisión
Primero, el Tribunal consideró que la tutela era improcedente porque no se presentó un derecho de petición a las autoridades accionadas solicitando rectificar, retractarse o aclarar las manifestaciones religiosas de la ceremonia.
Segundo, señalaron que la sesión del Congreso en pleno, en la que el presidente tomó posesión, no fue convocada para adherir a una religión específica ni para perjudicar una creencia, religión o iglesia.
Además, destacaron que hubo representantes de varias religiones y ninguno invitó a adherir a sus convicciones, ni rechazaron a personas pertenecientes a otros cultos o no creyentes. La posesión, por ser una convocatoria del Congreso que representa la voluntad popular, admite la participación de personas e instituciones que piensan diferente.
La decisión tocó otros siete puntos, pero el fallo volvió a poner sobre la mesa un fenómeno recurrente: decisiones del Gobierno que, poco después de ser anunciadas o adoptadas, terminan bajo el escrutinio de los jueces.
Judicialización de decisiones gubernamentales
Mientras el Ejecutivo avanza con sus determinaciones, sectores de la sociedad civil y de la oposición recurren a la justicia para elevar sus cuestionamientos. Buscan que sean los jueces quienes determinen si esas medidas pueden mantenerse, deben limitarse o cuentan con respaldo jurídico.
Hasta ahora, la justicia ha revisado decisiones del Gobierno relacionadas con los bombardeos a campamentos de grupos armados con presencia de menores de edad, la fumigación aérea de cultivos ilícitos y la exposición de cadáveres en bolsas por parte del presidente De la Espriella.
Otro ejemplo, conocido esta semana, ocurrió sobre la decisión del Gobierno de poner fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en la que permanecen integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, como parte de las medidas adoptadas para desmontar la paz total. Un juzgado frenó temporalmente el cierre de ese espacio tras una tutela en la que se alegó que la medida podía afectar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de los excombatientes.
Análisis de expertos y polarización política
Para explicar el tema, EL COLOMBIANO consultó a abogados expertos, quienes plantean que, además de la discusión estrictamente jurídica, estas decisiones se producen en medio de un escenario politizado. La independencia de la Rama Judicial implica que los jueces deben poder tomar decisiones sin presiones de otros poderes, pero eso no significa que sus fallos estén fuera del debate público.
Para Alfonso Portela, experto en derecho administrativo y exregistrador delegado en lo electoral, el tema tiene que ver con el clima político que atraviesa el país. Es producto de la misma polarización. Cualquier evento o circunstancia que de alguna manera pueda tener un alcance jurídico inmediatamente lo activan a través de todas las acciones judiciales, explica.
Sobre la polémica religiosa, Portela dice que el tema parte de que la Constitución considera al Estado como laico, así que cualquier situación que se incline hacia una religión o creencia inmediatamente va a generar la discusión precisamente por eso. Reitera que, por la situación política del momento, en la que el actual presidente ganó con una ventaja menor al 1 % de los votos frente a su rival, los temas polémicos van a tener trabas. Hace parte del sistema democrático.
Agrega que en un Estado como el nuestro, de derecho afortunadamente, pero polarizado, todas estas circunstancias tienen que ver con judicializar los hechos políticos o las actuaciones administrativas. Así vamos a seguir hasta que el clima político cambie. Habla, incluso, de temas como el de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y los bombardeos a campamentos en los que mueren menores de edad.
Por su parte, el abogado y docente Óscar Santamaría señaló que están acudiendo a los jueces constitucionales para trancar el manejo que el presidente le está dando al Estado.
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