Segunda parte del análisis de Pares, en el que se explica cómo la violencia contra la población civil y el asesinato de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos es uno de los mayores retos para lograr la paz.
El mes con mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales es mayo, con 18, seguido de febrero y octubre, con 17.La Fundación Paz & Reconciliación monitoreó las diferentes violencias contra la sociedad civil, las personas líderes sociales y ambientales, y en general contra la población colombiana, especialmente la que habita zonas rurales.
La población civil de los municipios más afectados por hechos de violencia armada ha acogido los esfuerzos del actual gobierno por desarrollar programas que puedan fortalecer la seguridad integral de los territorios, pero demanda pronunciamientos oficiales que reconozcan los hechos de violencia ocurridos en el trimestre.
Los casos de desplazamiento y confinamiento forzado registrados durante los primeros 100 días del gobierno Petro afectaron principalmente a pueblos indígenas y afrodescendientes en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca. A su vez, Cauca fue el departamento con mayor cantidad de hechos y víctimas de masacres en este periodo.
Las comunidades más afectadas por la violencia han manifestado su voluntad para hacer parte de la construcción de la Paz Total, en articulación con los esfuerzos del actual gobierno.
El no insistir en ello puede aumentar los riesgos contra las organizaciones sociales, con un gobierno que negocia ceses bilaterales al tiempo que el grupo armado, por un lado, se acoge a la Paz Total y por el otro sigue asesinando personas defensoras de DDHH. Sobre esto, algunas ONG se apresuraron en comunicar que septiembre había sido el mes con menos violencia en el año a causa de la posesión y mandato de Gustavo Petro.
El cuarto departamento es Putumayo, con nueve casos. Allí, la violencia tiene como protagonistas a dos grupos armados post FARC: los Comandos Bolivarianos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez. Estos grupos, que se disputan el control territorial del Bajo y Medio Putumayo, han degradado la violencia contra la población civil, especialmente en Puerto Guzmán, con tres casos, y Puerto Leguízamo, con dos.
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