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El debate sobre los límites a la protesta violenta pone sobre la mesa el derecho a manifestarse y el impacto que los bloqueos y desmanes.
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De acuerdo con las políticas de la IA que usa EL TIEMPO, no es posible responder a las preguntas relacionadas con los siguientes temas: odio, sexual, violencia y autolesionesEl debate sobre los límites a la protesta violentaSi sale adelante el, para ponerles límite a las protestas que frecuentemente tienen lugar en el país, y particularmente en Bogotá,. Se agrede el mobiliario público porque sí, como sucedió esta semana con la joven que vandalizó varios paraderos sin más, y no valieron los llamados de atención de personas que se indignaron con el hecho.
Cabe recordar que, a razón de cuatro diarias en promedio. La mayoría de ellas seguramente pacíficas, si dejar a la gente sin transporte o bloqueando vías se considera un hecho leve. El año pasado fueron 1.700 de distinta índole, inspiradas en toda suerte de reclamos, especialmente contra el Gobierno Nacional. Bogotá siempre paga los platos rotos por las ineficiencias de las autoridades del orden nacional, es el costo por ser la capital del país.
Acá se protesta por mejores condiciones laborales, por la autonomía universitaria, por temas de salud, por un mejor transporte público; protestan los taxistas, los usuarios de TransMilenio, los sindicalistas, los estudiantes, los indígenas, las madres, etc. Protestar es legítimo. Tomarse vías principales para hacerlo también. Arengar, gritar, concentrarse en un punto, lanzar epitetos ofensivos es válido en medio de una protesta.
Nuestra Constitución ampara ese derecho y esa es una fortaleza de nuestra democracia, como quiera que somos libres de expresarnos sin que eso atente contra el derecho a una libre movilidad. Pero hay protestas de protestas y a eso se refiere el mencionado decreto. Durante el estallido social de comienzos de esta década el país vivió un infierno. Las protestas fueron de todo menos pacíficas, sin que ello signifique que no las hubo.
Pero mayoritariamente lo que se vio fue destrucción, asonadas, daños a la infraestructura, saqueos, heridos y muertos. Bogotá no fue ajena a ese hecho y también pagó un precio muy alto. Incluso, debió declararse el toque de queda en alguna ocasión para evitar que los desadaptados arrasaran por completo con la ciudad. Ni hablar de lo sucedido en Cali, la capital que quizás pagó el precio más alto y hoy ha conseguido con gran esfuerzo superar lo ocurrido.
El decreto en mención es claro en señalar que la protesta violenta rebasa los límites de la ley y por eso autoriza a la fuerza pública a intervenir cuando ese límite se ha violado, esto es, cuando una manifestación termina en ataques a la policía, los gestores de convivencia; cuando se destruye infraestructura pública o privada, cuando se impide el paso de personas por una vía o se obstruye el desplazamiento de una ambulancia, por ejemplo.
El decreto señala que las autoridades podrán intervenir en una protesta de forma directa si se detecta el uso de armas de cualquier tipo, si se utilizan elementos contundentes contra agentes del orden, se atente contra el transporte público o se impida el acceso a servicios hospitalarios. En un país tan polarizado como el nuestro, y que en el pasado hizo de la protesta violenta una herramienta para alcanzar el poder, la tentación de repetir las cosas sigue latente.
Y no hay que dejar que se repita la historia. Por eso, hay que defender con vehemencia el reclamo, la condena, la exigencia, la inconformidad y el descontento. Siempre habrá de qué quejarse y protestar por ello en el espacio público. Pero no con el uso de la fuerza.
El decreto es claro en señalar que la protesta violenta rebasa los límites de la ley y por eso autoriza a la fuerza pública a intervenir cuando ese límite se ha violado. Dicho esto, hay que pensar en los efectos colaterales. Más de mil movilizaciones de estas en un año afectan la productividad de la ciudad, su normal desarrollo, su crecimiento y su salud mental.
Al infierno que representa la lentitud con la que nos movemos por cuenta de tantas obras que se llevan a cabo, meterle una protesta más lo paraliza todo. Y eso tiene un costo. Bogotá necesita ser productiva para generar riqueza, empleo, inversión, oportunidades, pero si la seguimos bloqueando y violentando no vamos para ningún lado. Bienvenido el debate por el decreto que pone límites a la protesta violenta.
El solo hecho de que se someta al escrutinio público ya es una ganancia, porque también ayudará a que quede claro que no se permitirán excesos por parte de las autoridades, a que se diferencie una manifestación pacífica de una acción vandálica. Los frontones de ‘La vida es sagrada’ serán desmontados temporalmente: así avanza la recuperación de Los Columbarios Semana de bienestar animal en Bogotá: estas son las jornadas de adopción, esterilización y atención veterinaria hasta el 12 de octubreRegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses.
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Opinión Ernesto Cortes Columna
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