The Colombian government's new resolution establishing Areas for Food Production Protection (APPA) in Antioquia's Suroeste region has sparked fear and uncertainty among local producers. The resolution, which designates 250,000 hectares for food production and restricts other land uses, is seen by some as a veiled attack on industries like mining, crucial to the region's economy. Critics argue the resolution lacks transparency and threatens the livelihood of thousands.
El temor de algunos sectores productivos del Suroeste antioqueño se hizo realidad. El pasado 26 de diciembre, sin mucho ruido, el Ministerio de Agricultura aprobó la resolución que da vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos ( APPA ), la cual delimitará en polígonos el uso del suelo con fines de producción alimentaria, pero que podría afectar drásticamente la vocación económica de los territorios que sean seleccionados para esta finalidad.
El inicio de este proyecto se haría en 250.000 hectáreas de los 23 municipios de esta subregión. La resolución 377 del 26 de diciembre de 2024 la firmó la ministra Martha Viviana Carvajalino y con esta se podrían delimitar territorios para el ejercicio de actividades económicas como la minería y la ganadería, señaladas de generar afectaciones ambientales. Opositores a la medida indicaron que hay incertidumbre en el territorio porque aún no se tiene claridad cuáles serían los polígonos seleccionados para esta estrategia y, de paso, que hubo falta de información para que esta se implementara. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, después de los análisis realizados se estableció que las hectáreas previstas para esta finalidad representan el 39,2% del total de toda la subregión, cuya principal vocación pasa por la producción de café, la ganadería, la minería de diversos materiales y el turismo, todas actividades que se verían afectadas en los polígonos seleccionados. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia del partido Centro Democrático, ha sido uno de los más férreos opositores a esta iniciativa, no porque esta no pueda traer beneficios al país, sino porque esta contaría, a su parecer, con una finalidad oculta de atacar la minería que se ejerce en toda la subregión, tanto de oro como de carbón y piedra caliza que se extrae en municipios como Amagá y Angelópolis y que son la principal base económica en estos dos territorios. “No hacen un tratamiento parcial del Suroeste, o de municipios del Suroeste y tomando a algunos del Occidente. No, es una delimitación precisa del Suroeste antioqueño, de los 23 municipios, y podemos intuir que el primer objetivo de ellos se llama la minería”, explicó el congresista, haciendo referencia al proyecto de Quebradona, el cual busca extraer 4,9 millones de toneladas de concentrado de oro entre Jericó y Támesis y que cuenta con una fuerte oposición tanto desde el gobierno de Gustavo Petro como de algunos líderes de este territorio. Desde Integremial Antioquia se mostraron críticos a esta normatividad, argumentando que esto terminará provocando una parálisis en los sectores productivos y afectando tanto a las empresas como a las mismas comunidades del Suroeste antioqueño y de todo el departamento. Ante esta nueva normativa, los propietarios de predios y parcelas están en el aire para saber cuáles serán las zonas escogidas para esta iniciativa del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que algunos tenían previsto dividir estos territorios para darles nuevas vocaciones económicas o distribuirlo dentro de sus grupos familiares, algo que ya no se podría hacer en caso de ser escogidos. “Hay una preocupación muy grande por el valor del uso, por el valor de la tierra en el Suroeste, porque hay personas que están diciendo que tienen inquietud porque tienen terrenos y pensaban parcelar, entonces ya no podrían hacerlo con esta nueva norma”, señaló Cadavid. A esto se suma los problemas que pueden tener para ejercer la vocación económica que venían trabajando, sin importar la actividad puntual, puesto que si se seleccionan las zonas para las APPA, los terrenos no se pueden usar para ejercer ningún otro tipo de actividad, más allá de si este espacio cuenta con mejores vocaciones para su explotación económica. “Me buscó una empresa terminando el año anterior para decirme que tenían una cantera en Venecia y no sabían qué va a pasar si iban a poder seguir explotando. Pero en principio lo que eso va a incorporar es una incertidumbre jurídica tremenda en las actividades productivas del Suroeste”, expresó el congresista. Además, hay quejas de la poca socialización que se hizo de esta propuesta, puesto que las comunidades no fueron informadas plenamente de cómo se iba a implementar y todo se habría focalizado únicamente a conversaciones con pequeños grupos focalizados. Análisis del territorio De acuerdo con el estudio, anexado a la resolución en la que se establecen las APPA del Suroeste antioqueño, se estima que 67.187 predios que se tienen en el Suroeste antioqueño no tienen condicionamientos especiales y son usados para condominios, bienes públicos y propiedad horizontal, mientras que 47.156 tiene uso agropecuario, los cuales están distribuidos en 483.837 hectáreas. Del total de las zonas aptas para el agro, se estima que 222.783 hectáreas, lo que equivale a un 35% de la región, es utilizada principalmente para cultivar café y cítricos, siendo estos los que generan mayores ingresos económicos para las poblaciones de esta subregión del departamento, que ante esta norma debería entregar la porción ya establecida para este proyecto del Gobierno Nacional. Se estima que con esta APPA se haga una producción priorizada de 49 tipo de alimentos, siendo Urrao el de menor capacidad apta para estas labores con apenas el 1% de su territorio, ya que este cuenta con gran parte de bosques y reservas naturales, las cuales no se pueden intervenir en esta iniciativa, por lo que las mayores afectaciones, según el congresista, podrían llegar a predios donde ya se esté ejerciendo alguna actividad económica. Se demandará la resolución Ante estos inconvenientes y teniendo en cuenta los perjuicios que esto generaría, el congresista Cadavid anunció que demandará la vigencia de esta resolución y que se buscará que se imponga una medida cautelar para su implementación hasta tanto no haya claridades y se solucionen los vacíos legales que pueden ser letales para una de las subregiones más productivas de Antioquia. “No nos queda sino la única vía que es la de la demanda de la resolución y proponer una medida cautelar de suspensión mientras haya un fallo de fondo”, aseguró el congresista antioqueño, a la espera de que se busquen unas mejores condiciones para que esta idea del Gobierno Nacional no termine dejando en vilo a los sectores económicos del Suroeste
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